Durante este viernes, la vocera (s) de gobierno, Aysén Echeverry, afirmó que La Moneda está abierta al diálogo con los alcaldes, en medio de las diferencias entre ambas partes por la falta de recursos y atribuciones en materia de seguridad.

En concreto, la declaración se da en un contexto de creciente presión por parte de jefes comunales, especialmente aquellos que asumieron en diciembre pasado, quienes han cuestionado la capacidad del gobierno para enfrentar la delincuencia.

Uno de los puntos de conflicto ha sido la decisión del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, de decretar un “estado de emergencia comunal”, figura que, según Echeverry, no existe en la legislación vigente. “Hemos escuchado en los últimos días, verdad, esta figura de emergencia municipal, creo que esa es la palabra que se utilizó, figuras que hoy día no existen en nuestro ordenamiento jurídico y que vienen a confundir “, dijo.

“Es importante que tengamos una discusión pública en materias que son esenciales para la ciudadanía, basadas en evidencia, donde todas las propuestas son siempre recibidas y todas las propuestas son siempre analizadas, pero hay que hacer ese análisis”, señaló.

Propuestas municipales por la seguridad

Además de estos cuestionamientos, alcaldes agrupados en la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) han insistido en la necesidad de mayores atribuciones para las municipalidades y sus equipos de seguridad, incluyendo el uso de armas no letales, como las pistolas Taser.

Desde la AMUCH, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, señaló que “la seguridad es una emergencia nacional, comunal, y tenemos que terminar. Aquellos que buscan, como no hacer las cosas, más que facilitar las cosas para proteger a los vecinos”.

“Dictamos dos decretos, un decreto de emergencia, un decreto de urgencia, que lo que hace en la práctica es darnos atribuciones especiales para redestinar presupuesto y hacer obras inmediatamente para proteger la seguridad de los vecinos”, aseguró.

El debate también incluye la petición de los alcaldes para que el Ejecutivo otorgue discusión inmediata al proyecto de ley de seguridad municipal. Desde Ñuñoa, Sichel argumentó que “mientras a seguridad ciudadana le disparan, el gobierno niega la posibilidad de uso de armas no letales para defenderse. ¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno tome acciones concretas?”.

En respuesta a estas medidas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó las acciones del alcalde de Ñuñoa como un “punto comunicacional”, minimizando la efectividad de sus decretos locales.