Caso Audios: estas son las 6 acusaciones que deberá responder Ángela Vivanco tras su suspensión de la Corte Suprema
La magistrada tiene un plazo de 20 días para presentar un informe en su defensa mientras permanece suspendida de sus funciones.
La ministra Ángela Vivanco fue suspendida de manera cautelar por la Corte Suprema, tras revelarse su vinculación con el abogado Luis Hermosilla en el llamado Caso Audios.
El pleno del máximo tribunal abrió un cuaderno de remoción, y la magistrada tendrá que responder a seis graves acusaciones que podrían derivar en su destitución.
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Entre los principales cargos se encuentra su interferencia en el proceso de designación del Fiscal Nacional y en el nombramiento de un conservador de bienes raíces.
Además, se le atribuyen irregularidades en la tramitación de causas relacionadas con Codelco y el consorcio Belasmo-Bitec-SPA, lo que ha generado cuestionamientos sobre su imparcialidad.
Otra de las acusaciones apunta a su colaboración con Hermosilla para influir en el nombramiento de jueces y ministras de cortes, buscando favorecer intereses particulares. Asimismo, según los chats revelados, Vivanco habría compartido información confidencial* sobre causas judiciales y recomendado estrategias procesales a Hermosilla antes de la firma de sentencias.
La Corte Suprema también investiga la posible concertación entre Vivanco y Hermosilla para asegurar el nombramiento de jueces afines a sus intereses, lo que ha sido catalogado como una violación a los principios de independencia y probidad del Poder Judicial.
El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, enfatizó la gravedad de los hechos, afirmando que afectan la “independencia y transparencia que rigen al Poder Judicial”.
Ante esto, Ángela Vivanco tiene un plazo de 20 días para presentar un informe en su defensa mientras permanece suspendida de sus funciones. Este escándalo ha generado repercusiones políticas, y el diputado socialista Daniel Manouchehri ya anunció una acusación constitucional en su contra, acusándola de actuar como una “operadora política” en la justicia chilena.
