Tribunal sobreseyó a ciudadanos haitianos inocentes que fueron detenidos por falsificación de permiso temporal en La Serena
Las personas habían sido acusadas por Carabineros de portar documentos transitorios ilegales cuando estaban en la fila para realizar trámites en una oficina de AFP en el centro de la ciudad.
Retiro de fondos de las AFP
Cuatro ciudadanos de nacionalidad haitiana fueron sobreseídos y declarados inocentes por la justicia tras ser detenidos por falsificación de permiso temporal en La Serena, en el periodo en que comuna estaba en etapa de cuarentena.
El hecho se produjo cerca de las 9:30 horas del 26 de agosto de 2020, cuando Donald Eliassaint (30), Clebert Lebert (45), Henry Moise (36) y Makendy St-Quitte (30) esperaban ser atendidos en una fila afuera de las oficinas de la AFP Planvital, en el centro de la ciudad, para tramitar el retiro de su 10% de fondos previsionales.
En ese momento, Carabineros comenzó a fiscalizar a las personas que estaba realizando el trámite, en el marco de la verificación legal del documento correspondiente a la etapa sanitaria que enfrentaba la capital regional de Coquimbo.
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Fue ahí cuando los eximputados exhibieron sus permisos de desplazamiento temporal, obtenidos previamente a través del sitio web de la Comisaría Virtual, y pese a que todos los documentos decían «permiso para pagar servicios básicos, cobros de pensiones, subsidios u otros«, los funcionarios policiales aseguraron que eran falsificados, sostuvo la Defensoría Penal Pública, de modo que los cuatro ciudadanos fueron aprehendidos y trasladados a la Primera Comisaría de Carabineros de La Serena. Allí permanecieron detenidos hasta el día siguiente, en espera de la audiencia de control de detención en el tribunal de Garantía.
En la audiencia, la Fiscalía explicó que los acusados portaban permisos por seis horas de autorización cuyos números de folio y códigos de verificación QR eran inválidos. Agregó que como no portaban un permiso válido, pusieron en peligro la salud pública por infracción de las reglas sanitarias vigentes durante la pandemia de coronavirus, que obligaban a los habitantes a permanecer en cuarentena.
Por su parte, la defensora Penal Pública Rosa Álvarez, explicó que cuando Carabineros revisó los permisos afirmaron que todos eran ilegítimos, porque raramente el código QR de verificación no coincidía con la web Comisaría Virtual.
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«Lamentablemente, sólo uno de ellos, Makendy St-Quitte, habla español y negó que su documento y el de sus compatriotas -a quienes no conocía- fueran adulterados, mientras que el resto de los haitianos no entendía por qué habían sido detenidos», añadió la abogada.
Al respecto, Álvarez comentó que, para una mejor comprensión del proceso por sus representados, en la audiencia presentó a una interprete en creolé, quien tradujo los detalles y resoluciones a los inculpados. Luego, «el juez declaró ilegal la detención precisamente por la duda en la legitimidad de los permisos. Una vez concluida, pedí un informe a Carabineros sobre éstos y finalmente se ratificó que éstos eran legales«.
Finalmente, la defensora solicitó el sobreseimiento definitivo de las causas contra sus representados, decisión que fue ratificada recientemente por el tribunal, que decretó que los hechos no eran constitutivos de delito.
«Cuando terminó la causa, esperaba que la Fiscalía y Carabineros nos pidieran disculpas»
St-Quitte, quien vivió en Jamaica, Cuba y República Dominicana, y trabajó como traductor de creolé a español para una organización de derechos humanos, detalló que aquel día de agosto, «al detenernos le dije a Carabineros que cometían un gran error, que éramos pobres, que no teníamos medios para falsificar documentos. No escucharon y delante de mucha gente nos esposaron, grabaron y tomaron fotos haciéndonos sentir como delincuentes. Fue el peor día de mi vida«.
«Había otros tres compatriotas haitianos en la fila. No los conocía y extrañamente fuimos los únicos detenidos por tener permisos falsos y atentar contra la salud pública. Ellos no hablaban español, comenzaron a llorar. Nos registraron nuestras mochilas, ropas y celulares. Fue una total discriminación», agregó.
Makendy reconoció a la Defensoría Penal Pública que está molesto, porque, para él, si el escáner policial falló, pudo buscarse otra forma de confirmar que los documentos eran válidos sin que fueran inmediatamente detenidos y permanecieran en un calabozo durante 24 horas.
«Cuando terminó la causa, esperaba que la Fiscalía y Carabineros nos pidieran disculpas. Lo merecemos por todo el daño y perjuicio que nos hicieron. No hicieron bien su trabajo, se burlaron de nosotros», indicó.
Finalmente, St-Quitte dijo querer «que se demuestre nuestra inocencia, porque acá estas situaciones siempre ocurren contra los migrantes. En los otros países en que viví nunca fui detenido y humillado como me ocurrió aquí».
