Diputados RN acusan «incitación a votar Apruebo» por actividad de educación cívica en colegios

La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició a la Superintendenta de Educación, Marggie Muñoz, y a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, por una actividad de educación cívica organizada por la ONG canadiense CIVIX.

Se trató de un espacio en algunos colegios del país en los que se desarrolló una simulación del acto de sufragar, todo esto en el marco del programa «Voto Estudiantil» dirigido a estudiantes desde 6to básico a 4to medio, situación ante la que los representantes cuestionan que los niños hayan sido instados a votar Apruebo.

Por lo mismo, los parlamentarios plantearon que están de acuerdo con «actividades que profundicen los deberes cívicos como condición indispensable para una democracia sana», pero denuncian al menos dos irregularidades en el proceso que lo hacen «incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y los derechos de alumnos y apoderados».

Entre los argumentos se encuentran, primeramente, que los apoderados «no fueron nunca consultados respecto de su adhesión a esta actividad, y en algunos casos se dispuso la participación obligatoria en la misma permitiéndose solo certificado médico para excusarse».

Y en segundo lugar, «hay múltiples denuncias que dejan a la vista la intención de incidir en la preferencia de los niños, lo que importa un adoctrinamiento y una afectación sustantiva de sus derechos fundamentales, así como de derechos reconocidos en tratados internacionales vigentes en nuestro país».

Todo esto ocurrió luego que el secretario general de RN, Diego Schalper, presentara el mismo oficio el jueves pasado.

«Esta intención de incidir en la preferencia de los niños por una opción plebiscitaria configuraría una forma de violencia y vulneración de derechos de los estudiantes, quienes desde la más temprana edad deben ser incentivados por los establecimientos educacionales, pero para participar, informarse y adquirir sus propias y conscientes convicciones», agrega el documento.

Finalmente el texto establece que se sancione a «todos los profesionales de la educación que hubiesen vulnerado derechos fundamentales de los alumnos. Indagar si fueron coaccionados mediante sanciones u otros reproches para participar en la actividad».