¿Qué es un Estado social de derechos? Abogado Sebastián Salazar responde preguntas sobre propuesta de nueva Constitución

En el marco de su compromiso con informar de cara al plebiscito de nueva Constitución del 4 de septiembre, Ciudadano ADN conversó con el abogado constitucionalista y docente de la Universidad a Estatal de O’Higgins, Sebastián Salazar, quien respondió dudas de las y los auditores sobre el texto propuesto por la Convención Constitucional.

Una de las primera preguntas recibidas hace referencia a la diferencia entre Estado subsidiario y uno social de derecho, cambio que para el jurista es quizás “la gran definición del texto constitucional”.

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¿Qué es una Estado social de derechos?

«Un Estado subsidiario es aquel que le entrega la satisfacción de las necesidades públicas, principalmente los derechos sociales, a los cuerpos intermedios o a la actividad privada, a través de reglas de mercado, donde el Estado debe garantizar que sea bajo este encuadre”, explicó el abogado.  

En tanto, en el caso del Estado social y democrático de derechos,“el Estado tiene un rol más importante en la satisfacción de estos derechos sociales, garantizandolos, por tanto, hay una énfasis distinto, más intenso, que va a permitir que se tomen políticas públicas en materia de salud, vivienda, educación y otros, en que hay un énfasis en que los derechos se cumplan y satisfagan efectivamente”. 

Pero ojo, ya que el constitucionalista aclaró que lo anterior “no implica que el Estado lo haga todo, los privados pueden participar y colaborar, pero la lógica es pública”. 

¿Quiénes quedarán habilitados para ejerce cargos públicos?

Asimismo, otra duda reciba apuntaba a si efectivamente las personas privadas de libertad, como por ejemplo un narcotraficante, podrán acceder a cargos públicos, hecho que el abogado descartó tajantemente. 

“La actual Constitución establece que uno de los elementos para perder la ciudadanía, por tanto los derechos políticos, es haber sido condenado a un delito de pena aflictiva que son tres años y un día y la propuesta lo que hace es identificar un grupo importante de delitos, aquellos vinculados con la corrupción”, agregó el constitucionalista. 

“Además, reenvía esto a la ley, y la ley actual contempla que es la comisión de delitos graves, es decir cinco año y un día, lo que produce la inhabilidad de ejercer sus derechos político y dentro de esos delitos se encuentran los correspondientes a la ley de droga, los delitos de robo y de homicidio simple en adelante”, añadió. 

En esa línea, Sebastián Salazar expuso: “Esto se tiene que entender dentro del marco de una definición de política constitucional que tiene el texto y que se refleja en el capítulo que se llama “Buen Gobierno y Función Pública”, que es la preocupación por los fenómenos de la corrupción y los delitos vinculados a esto, estableciendo una señal clara de combate”. 

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¿El trabajado doméstico es un derecho?

De igual manera, otra duda de las y los auditores de Ciudadano ADN es cómo quedó establecido el trabajo doméstico en esta propuesta constitucional, punto que el docente calificó como “uno de los aspectos más importante de la nueva Constitución”. 

“El texto pone una realidad muy dura y reconoce un derecho a ser cuidado y a cuidar, visibilizando una relación que principalmente realizan mujeres en distintas edades, que implican que no puedan acceder al mercado laboral formal y eso afecta su acceso a remuneraciones, al crédito y posteriormente a una pensión debido a la lagunas previsionales”, precisó el constitucionalista.  

Puedes escuchar los capítulos anteriores del podcast Ciudadano Constituyente pinchando el siguiente link o puedes revisar la última actualización a continuación: 

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