Política

Diputados de oposición presentaron Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera: Quiénes la analizarán

El libelo acusatorio se basa principalmente en que el Presidente faltó “gravemente a la probidad y por haber puesto en tela de juicio el honor de la Nación”.

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Por María Paz Núñez
Miércoles 13 de Oct, 2021 - 09:48
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Finalmente pasadas las 09:00 horas de este miércoles 13 de octubre, 15 diputados y diputadas de la oposición -desde la DC al PC- presentaron la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera tras su aparición en los Pandora Papers, acción centrada principalmente en “faltar gravemente a la probidad y haber puesto en tela de juicio el honor de la Nación”.

Esos son los argumentos que deberá analizar la comisión revisora del libelo, que fue sorteada de forma casi inmediata en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que estará compuesta por cinco parlamentarios.

Los miembros de la comisión que analizará la Acusación Constitucional

El sorteo, realizado con una tómbola, fue encabezado por el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen, excluyendo como correspondía, a los 15 parlamentarios que apoyaron la presentación del documento.

  1. Raúl Florcita Alarcón (Independiente)
  2. Maya Fernández (PS)
  3. Pepe Auth (Independiente)
  4. Paulina Núñez (RN)
  5. Virginia Troncoso (Independiente)

Tras esto, comienza a correr el plazo de tres días hábiles para que el secretario de la Cámara de Diputadas y Diputados notifique al Presidente Piñera de la Acusación presentada en su contra.

En tanto, se espera que el libelo acusatorio pueda ser votado en la sala de la Cámara Baja antes de las elecciones del 21 de noviembre próximo.

El Presidente Piñera además es indagado además por la justicia, luego que el Ministerio Público determinara que los antecedentes del negocio que aparece en los Pandora Papers, entre la familia Piñera Morel y el mejor amigo del Mandatario, Carlos Alberto Délano por la compraventa de una parte de la Minera Dominga, se realizó en las Islas Vírgenes Británicas con una cláusula que condicionaba la concreción del negocio a que la zona donde se emplazaría el proyecto no fuera de protección ambiental y que no fueron investigados con anterioridad.

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