Ejecutivo retiró discusión inmediata a proyecto de ley humanitaria en el Senado
Finalmente, la iniciativa tendrá suma urgencia, es decir, 15 días para su tramitación. El plan del Gobierno es perfeccionar la legislación.
Este martes, el Ejecutivo decidió retirar la discusión inmediata al proyecto que regula la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias. Finalmente, la iniciativa tendrá suma urgencia, es decir, 15 días para su tramitación.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, comunicó esta determinación a los integrantes de la comisión de Constitución del Senado, instancia en la que se encuentra el proyecto tras su rechazo por parte de la comisión de Derechos Humanos. El objetivo del Gobierno en estos días será perfeccionar esta legislación.
«Esta iniciativa tiene un carácter humanitario, porque aunque los casos puedan ser pocos, se trata de personas que están en condiciones de salud compleja«, indicó el secretario de Estado.
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De ser aprobado, el proyecto beneficiaría a condenados con enfermedades en fase terminal, dependencia severa o mayores de 75 años con la mitad dela pena cumplida.
Del total de 122 reclusos que cumplen con estas características, 83 están condenados por delitos de lesa humanidad, lo que ha generado controversia desde diversos sectores, particularmente desde familiares de víctimas de Derechos Humanos.
«Este es un proyecto para otorgar la libertad a violadores de derechos humanos, revestido de normas de trato humanitario«, señaló el senador Alfonso de Urresti (PS). «Hay una intención que salgan personas condenadas por delitos de lesa humanidad. La discusión no es eminentemente jurídica, sino que es una discusión que va a rozar una cuestión valórica y de principios y lo hace más compleja«, sostuvo el parlamentario Felipe Harboe (PPD).
Desde Chile Vamos, los senadores Víctor Pérez (UDI) y Andrés Allamand (RN) plantearon la posibilidad de realizar un «debate profundo» junto con familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, representantes de la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otros expertos en la materia.
