Declaración de patrimonio de subsecretario Aleuy sólo tiene su nombre
Bachelet firmó en marzo del año pasado un instructivo para que las declaraciones se hagan más detalladas, periódicas y de por vida para los altos funcionarios públicos.
En marzo del año pasado y como primera medida ante el estallido de los casos Penta y Caval, la Presidenta Michelle Bachelet firmó un instructivo que obliga a ministros y subsecretarios
.
La mayoría de ministros y subsecretarios tienen sus declaraciones completas, mientras que otros omiten, acogidos por la ley N° 19.628, ciertos datos como el valor comercial y tasaciones fiscales de propiedades y automóviles.
Un caso particular es el del subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, quien sólo incluyó su nombre completo en su declaración de patrimonio, publicada el 28 de abril de 2015. Todo el resto del formulario aparece bajo la frase “dato personal no público”.
De acuerdo a información de La Tercera, siete ministros y 15 subsecretarios, son los que han omitido detalles en su declaración de patrimonio.
Acogiéndose a la ley Nº 19.628 que permite a los funcionarios públicos calificar alguna información como "dato personal no público", 22 secretarios de Estado publicaron sus declaraciones sin detallar el valor comercial y tasación fiscal de propiedades y automóviles.
Es el caso de los ministros Claudia Pascual (Sernam), Aurora Williams (Minería), Carlos Furche (Agricultura), Carmen Castillo (Salud), José Antonio Gómez (Defensa), Marcos Barraza (Desarrollo Social) y Natalia Riffo (Deportes) .
Por el contrario, entre quienes tienen sus declaraciones completas figuran Jorge Burgos (Interior), Heraldo Muñoz (RR.EE.), Javiera Blanco (Justicia), Máximo Pacheco (Energía), Luis Felipe Céspedes (Economía), Marcelo Díaz (Segegob), Nicolás Eyzaguirre (Segpres), Pablo Badenier (Medioambiente), Paulina Saball (Vivienda), Víctor Osorio (Bienes Nacionales), Andrés Gómez-Lobo (Transportes), Rodrigo Valdés (Hacienda) y Ximena Rincón (Trabajo).
De acuerdo al instructivo promovido por la Presidenta Bachelet, el próximo 11 de marzo todas las autoridades deberán actualizar sus datos o volver a optar por acogerse a la ley de protección de información.
