Eduardo Engel, director de Fundación Espacio Público y casos de corrupción: «Es clave la presión ciudadana y de los medios, porque si se instala en la agenda, es difícil no hacer algo»

El proceso judicial de la exalcaldesa Cathy Barriga (independiente, pro UDI), en Maipú; el del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex Renovación Nacional); el de Lo Barnechea, Felipe Guevara (ex Renovacón Nacional); el de Algarrobo, José Luis Yáñez (ex UDI); y más, son solo algunos de los casos que han sacudido el debate público en los últimos meses, semanas y días. Son situaciones de posible corrupción de las más altas autoridades locales que retrotraen al trabajo que lideró el director de la fundación Espacio Público y académico de la Universidad de Chile, el economista Eduardo Engel, que entonces concluyó en un informe con una batería de medidas en favor de la probidad, la transparencia y, en definitiva, del Estado al servicio de la mayoría.

En ADN Hoy, Engel analizó este escenario. Este martes, recordó que «nosotros hicimos 26 propuestas concrtas para prevenir corrupción a nivel municipal, de las cuales se adoptaron seis. Antes de todo lo negativo, demos un ejemplo positivo: una cosa propuesta y adoptada fue el límite de reelección de alcaldes. Y estos se destapan porque hay rotación de alcalde. Un caso emblemático es el de Vitacura con Raúl Torrealba (…) Esa medida bien concreta sí sirvió».

«Esa medida se traduce en que nuestra percepción de corrupción municipal sea mucho mayor. Y no es que sea mayor, es que la conocemos. Los casos Barriga y Torrealba tenían larga data, pero no se conocían porque el alcalde o alcaldesa eran reelegidos sistemáticamente y nadie se enteraba de lo que sucedía. Es un primer tema: que se sabe más de lo que hay. Peor hubo 20 medidas que no se adoptaron o lo hicieron en versiones bien deficientes. Ayer, los miembros de esta comisión llamamos a las autoridades a retomar esta agenda», agregó luego.

En la declaración pública, suscrita por 13 de los 16 miembros, consideraba un avance del 34% de las propuestas del informe, con «una evaluación promedio de 2,4». Ante esto, lalmaron a “que se consideren y materialicen las propuestas del Consejo en relación con las municipalidades (… dada la) frecuencia, gravedad y persistencia de hechos de corrupción municipal”.

Pero este martes, hizo aún más concreto esa exigencia: «Impedir la contratación a honorarios en periodos municipales; indicadores que midan los servicios municipales de forma sencilla, comparable y periódica; facultades respecto a la licitación en manejo de residuos. Que pueden fortalecer la calidad profesional, el control existente y transparentar lo que hace su alcalde y su municipio. Estas reformas de tipo más bien estructural llevan a un sistema que en su conjunto funciona mejor y permiten prevenir la corrupción».

Pero hizo una advertencia, sobre todo para que se concreten estas modificaciones: «Esto no va a suceder sin presión de los medios ni de la sociedad civil, porque es un tema que incomoda a todos los partidos políticos. Los problemas de probidad en los alcaldes son transversales al sector político. Y va a tener quejas y va a ser difícil moverlo (…) Es clave la presión ciudadana y de los medios, porque si se logra que se instale en la agenda, es difícil no hacer algo. Pero es un tema que cuesta avanzar».

Isapres

La Fundación Espacio Público, junto a la empresa IPSOS, desarrollaron una encuesta en las grandes ciudades del país para tantear la actual crisis de las isapres. Lo presentó Engel: «Muestra una preocupación grande con el sistema de salud en general: el 72% de las personas les preocupa mucho qué sucede en caso de un accidente o enfermedad grave. Estos porcentajes son preocupantes. Ante la pregunta: ‘¿Qué tan protegido se siente por su sistema de salud frente a este tipo de situaciones?’, un 69% indica que ‘nada de protegidos’. Este porcentaje es aún más grande entre quienes están en Fonasa, donde llega al 71%».

Además, hay una percepción de los alcances de la posible quiebra de las aseguradoras: «El 48% considera que provocaría una crisis profunda del sistema de salud en su conjunto. Y el porcentaje es muy parecido en la gente que está en Fonasa: un 47%. Y sube entre la gente mayor, que llega a casi un 60%. Es decir, todos los chilenos y chilenas están muy preocupados por lo que pasa con las isapres, no solo el 20%, los 3 millones que están en el sistema de isapres; también la gente que está en Fonasa porque, supongo, se dan cuenta que esto tiene un impacto sistémico sobre todas las prestaciones de salud en Chile y no solo aquella de las isapres».

Si las isapres quebraran, el sistema de salud pública tendrían tres millones de personas ingresadas «de forma repentina», los que se sumarían a los problemas que ya tiene; y » de un día para otro le agregamos un número muy grande de usuarios adicionales, que además son usuarios bastante más exigentes que el promedio en Fonasa, porque han pagado más por su salud en el tiempo y son de sectores más acomodados, tendremos que el servicio que da Fonasa en general va a sufrir un deterioro en un punto de partida, por ejemplo, en las listas de espera, que ya es un problema serio».

«Una posibilidad es que la gente perciba que esto tiene un impacto sistémico. Agreguémoslo que si quiebra el sistema de isapres, hay muchos prestadores privados que trabajan con Fonasa y que van a tener problemas serios. El sistema de isapres, con los dos fallos que existen, es insolvente. Los fallos le imponen costos sin una solución respecto a la deuda que tiene y las implacancias del fallo GES. El legislador propuso, a través de la ley corta, cumplir con los fallos de la Corte Suprema y dar viabilidad al sistema de isapres a través de ese proceso», complementó después.

Con todo, Engel aseguró que los problemas de las isapres, «la forma de resolverlos no es una quiebra al sistema de isapres»: soluciones inmediatas y a mediano plazo. Y que se considere, a su juicio, al comité técnico: «Un punto clave es la diferencia que existe en el cálculo de cómo interpretar lo que falló la Corte Suprema. El cálculo que me parece correcto, a nivel personal y como Espacio Público, es del comité técnico, de US$450 millones. Ese cálculo incorpora el concepto de mutualización, que es esencial en todo sistema de salud».

«En todo sistema de salud hay una compartición de los riesgos entre distintos usuarios y si se toma en cuenta ese concepto, se llega a esa deuda. Una explicación sencilla en este tema técnico es: debido a que las isapres no usaron la tabla de factores que debían usar al calcular su prima, hay gente que pagó demás y esa gente quiere que le devuelvan plata; pero también hubo quienes pagaron de menos. Si una persona pagó $1 millón de más y otra pagó $700 mil de menos, las isapres tienen una ganancia exigida de solamente $300 mil. El cálculo de la Superintendencia se fijó en los que pagaron demás y se olvidó en los que pagaron de menos y obviamente el sistema quiebra», complementó.

Hacia el final, cerró: «La peor solución es quebrar el sistema: el sistema tiene problemas, pero según esta misma encuesta que vemos, el grado de desprotección que siente la gente en Fonasa no solo en similar, sino también un poco superior al que sienten las isapres. Pero las isapres tienen más recursos y con eso pueden dar más servicios. Pero claramente acá tenemos un sistema que tiene problemas serios, pero también en Fonasa hay problemas que no se pueden soslayar».