Juzgado condena a colegio a pagar indemnización por caso de maltrato escolar hacia una alumna

Durante la jornada de este martes, el Décimo Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio a conocer que se condenó a un establecimiento a pagar una indemnización por no tomar medidas para evitar el caso de maltrato escolar que sufrió una alumna.

Según la sentencia efectuada por la jueza Rocío Pérez Gamboa, se consideró que el colegio fue el responsable del daño moral por inacción provocado a la alumna tras no prevenir el acoso escolar realizado por sus compañeras de curso.

De acuerdo a las indagatorias realizadas, sumado a los informes previos y los testimonios de rigor, se permitió establecer la sentencia en contra del establecimiento. «Se permite a esta sentenciadora presumir con los caracteres de gravedad, precisión y concordancias suficiente, conforme a los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, que la niña fue víctima de hechos constitutivos de acoso escolar y que existió una inacción por parte del establecimiento educacional demandado», explica el fallo.

El establecimiento estaba al tanto del maltrato escolar

En esa línea, la sentencia precisó que el establecimiento tenía conocimiento de la situación desde hace varios años. El colegio «omitió activar y aplicar el protocolo de convivencia escolar, ya que el establecimiento estaba en conocimiento al menos desde abril de 2018 de la ocurrencia de hechos que afectaban la dignidad e integridad psíquica de la menor».

Además, el falló precisó que «que esta sentenciadora concuerda con la defensa esgrimida por la parte demandada, en cuanto a que la aplicación del protocolo de convivencia escolar es una obligación de medios y no de resultados».

En tanto, la Superintendencia de Educación precisó que el colegio estaba en conocimiento de hechos constitutivos de acoso escolar, al menos desde abril del 2018. Lo anterior, tras aludir a la existencia de un informe del psicólogo del establecimiento, cuya atención se generó por la derivación por parte de la profesora de religión. Las atenciones se realizaron los días 9, y 23 de abril del 2018.

En consecuencia, desde la Superintendencia dijeron que «no resulta razonable la actitud adoptada por el establecimiento educacional: debió haber activado el protocolo existente para abordar hechos de acoso escolar, porque las medidas adoptadas por el establecimiento fueron claramente insuficientes».