Militar condenado por «Caravana de la Muerte» reafirma tesis sobre línea de mando y asegura que siguió «órdenes irresponsables»
Walter Ojeda Torrent cumple condena por el homicidio y secuestro de 13 personas en Copiapó. Apuntó a que sus superiores los "abandonaron", "amparándose en enfermedades mentales".
13 homicidios y tres secuestros calificados, ocurridos en octubre de 1973, en Copiapó, región de Atacama, en el caso conocido como «Caravana de la muerte», son los que la Corte Suprema le imputó en 2017 al subteniente en retiro Waldo Ojeda Torrent. El año en que el máximo tribunal del país dictó la sentencia fue también el año en que el Centro Penitenciario Colina I recibió a los primeros militares (cuatro de los seis envueltos en el hecho) por delitos de lesa humanidad. Y fue desde allí que Ojeda Torrent escribió una carta en la que responsabilizó a sus superiores por lo ocurrido en oscuros años, que reafirma la tesis del general en retiro y excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez.
En una carta publicada en El Mercurio, comenzó haciendo un mea culpa: «Sé que mi testimonio llena de dolor a ambas familias, tanto de las víctimas como de quienes hoy cumplen condena. Lamento profundamente el dolor causado a aquellos que mi condena no les devuelve la pérdida de un ser querido y también, por el desamparo de todos los que no tuvimos otra alternativa de sobrevivencia que cumplir órdenes hace 50 años».
Su testimonio, aseguro, es un relato «de primera fuente» de una discusión que «nos marginan» y «nos invisibilizan por logrr tener la razón»: «Hablan desde la libertad que hoy yo no tengo e intentan adueñarse de la historia de un país sin hacer la distinción de quiénes nos encontramos cumpliendo condena impuesta por los Tribunales de Justicia a consecuencia de órdenes irresponsables entregadas por nuestros superiores en el mando militar, que nos obligó a obedecer sin más alternativa que el costo de nuestra propia vida».
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Así, la matanza nominada «Caravana de la muerte» fue, según Ojeda Torrent: «En octubre de 1973, tanto oficiales generales, oficiales superiores y capitanes, dieron orden a sus subalternos luego de una secreta y hermética reunión que tuvo a puertas cerradas solo el comandante de regimiento con quien sorpresivamente llegó esa tarde en calidad de general delegado del comandante en jefe y presidente de la junta de Gobierno».
La primera orden a los subtenientes fue fungir de centinelas para el traslado de detenidos de una cárcel a otra. «Los capitanes a cargo del traslado y sin explicación, dan a los subtenientes la segunda y fatídica orden (de fusilar a los prisioneros)».
«Los subtenientes, desconcertados ante la sorpresiva y drástica resolución, representaron la orden y se negaron en dos oportunidades. Sin embargo, se ven compelidos y amenazados de muerte de no cumplir la orden impartida, insistiendo que era una orden superior bajo el Estado de Guerra que vivía el país», agregó a renglón seguido.
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Cuando se inició la investigación del caso, contó Ojeda Torrent, los superiores «nada hicieron por asumir su responsabilidad», amparándose en «enfermedades mentales, olvido irreversible, negación de haber participado o de haber estado ahí, abandonaron a sus subalternos a merced del mismo azar que los llevó a su primera destinación».
