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Asociación de Energías Renovables tras ataque a parque eólico: «Necesitamos más capacidades policiales para adelantarnos a los incidentes»

Ana Lía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), advirtió en ADN Hoy que lo ocurrido el sábado pasado podría influir también en inversiones futuras.

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Fue la noche del sábado que se dio cuenta de un atentado incendiario ocurrido en las faenas del parque eólico Caman, propiedad de Mainstream Renewable Power, en la comuna de Paillaco, región de Los Ríos: seis desconocidos retuvieron a los trabajadores e incendiaron 13 camiones. Horas más tarde, se conoció que fue una facción de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) la autora de lo ocurrido.

Es un tipo de delincuencia «que no es común», dijo de entrada Ana Lía Rojas, economista y directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), en conversación en ADN Hoy la mañana de este lunes. Son incidentes «con otros ribetes», desarrolló luego.

«Nos preocupa y nos conduce a elevar nuestros requerimientos frente a las autoridades pertinentes, tanto a nivel central como regional», adelantó Rojas a renglón seguido, advirtiendo que el anuncio de querellas por parte del Ejecutivo «me parece muy bien la línea de la acción contra quienes resulten responsables por parte del gobierno, pero a nivel regional entendemos que hay medidas que se tienen que tomar, entendiendo los requerimientos previos, la inteligencia predictiva»: «Necesitamos más recursos y capacidades policiales para poder ir monitoreando y adelantar los incidentes que, por ejemplo, el del sábado, que tildamos de muy grave».

La directora de Acera explica así que, por ejemplo, la «inteligencia predictiva» podría considerar el monitoreo y la salvaguarda de las condiciones cercanas a los parques, plantas o proyectos que se construyen, «pero en una etapa más temprana»:

«Cuando los proyectos de energías renovables deciden instalarse en el territorio, las comunidades, las autoridades y los ejecutores de esas inversiones están claros de dónde llegará el proyecto. Eso es parte de la evaluación de impacto ambiental, del capítulo de relación con las comunidades (…) Es importante que esto sea hecho en una relación en un Estado de Derecho que le otorga al inversionista las seguridades para desarrollar, construir y operar el proyecto».

El territorio del atentado en Paillaco fue sindicado como huilliche. Las mismas comunidades, precisó Rojas, fueron «escuchadas». A ello se suma que el proceso fue en el marco de los márgenes un Estado de Derecho. Con todo, meses antes hubo una «especie de atentado previo» que alertó a los titulares del proyecto. Aunque fue un incidente menor, «muy pequeño y hace más de un año», en el contexto actual «hay una tensión en territorio que abarcan el despliegue de las energías renovables, versus aquellos hechos puntuales en donde terminan aquellas cosas de una forma que no es la adecuada, que se sale del Estado de Derecho y requiere otro tipo de acción».

Pero es solo una señal de algo más grande: «¿De qué estamos preocupados, además de generar las condiciones de seguridad y de materialización del proyecto? También tenemos que tener la llamada de las señales para futuras inversiones. Cuando hablas de imponer una vigilancia militar, un estado militarizado, creo que no es parte de la fórmula porque los inversionistas… No podemos tener un país fragmentado, no solo desde el punto de vista político y económico, sino también desde el punto de vista energético».

Así las cosas, un sistema eléctrico central interconectado no permiten que haya un Estado ausente ante este tipo de incidentes, desafió la directora. Por lo pronto, Acera ha pedido una audiencia con a ministra del Interior, Carolina Tohá, para «identificar proyectos críticos que se harán en otros años para ver si calzan con otros de zonas más calientes». Lo anterior, pues es «básico» para saber dónde se construyen: de esa reunión debería salir una mesa o la adecuación de recursos para la inteligencia previa. 

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