Prisión preventiva para carabineros que cobraban «por protección» a víctimas de banda criminal

Dos carabineros y un ex carabinero fueron enviados a prisión preventiva por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, tras ser formalizados por la Fiscalía Centro Norte por delitos de corrupción, desde la extorsión al cohecho.

Los implicados, identificados como FVS, GIL y ENE, quienes no tuvieron reveladas sus identidades, eran dos cabos segundos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Santiago, mientras que el tercero era un ex carabinero dado de baja en marzo.

La acusación señala que los tres fueron acusados ​​de exacciones ilegales, amenazas extorsivas y cohecho, mientras que al ex carabinero también se le formalizó por tenencia ilegal de arma de fuego en su domicilio.

Todas las noticias que tienes que saber, pero sin estresarte… Escúchalas aquí en “Una pausa necesaria”:

Según la investigación, los implicados habrían extorsionado a un empresario de un restaurante en la comuna de Independencia, exigiéndole el pago de 2,5 millones de pesos a cambio de protección contra amenazas y ataques supuestamente perpetrados por la banda criminal peruana conocida como «Los Pulpos «, que opera en la zona y se dedica a actividades de extorsión. Además, le prometieron nula fiscalización a su local. El pago acordado era de 800.000 pesos diarios.

La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público ya estaban investigando los pasos de «Los Pulpos» en la zona, así como los delitos cometidos por esta organización de peruanos. Durante las indagaciones, se descubrió la participación de los dos carabineros en servicio y del ex carabinero, quienes parecían estar compitiendo con la banda criminal.

Colaboración clave

La colaboración clave de un empresario permitió a las autoridades monitorear la entrega del dinero. Al recibir la primera cuota, los uniformados fueron arrestados en un vehículo sin ofrecer resistencia.

Actualmente, se está investigando si hay más funcionarios activos involucrados, ya que se sospecha que cometían estos delitos en Santiago, Independencia y Recoleta. El tribunal ha establecido un plazo de 90 días para la investigación.