Superintendente de Salud: «Es bastante absurdo que la Asociación de Isapres trate de generar una responsabilidad en el Gobierno o en la Superintendencia»

En 2010, el Tribunal Constitucional elimina cuatro numerales de la tabla de factores de riesgo que usan las isapres para los contratos de sus afiliados. Luego, en 2020, la Superintendencia de Salud hace entrar en vigencia una tabla única. Pero las aseguradoras siguieron usando sus tablas. Los cambios se judicializaron y la Corte Suprema consignó la ilegalidad del uso de esas tablas y de ahí, la devolución de dineros vía excedentes. Entonces se universaliza el caso.

Son un millón 800 mil contratos revisados y que, de un tiempo a esta parte, dado cierto «desacato», si se quiere, tiene al Gobierno discutiendo una ley corta para dar cumplimiento con el fallo sin que se desestabilice el sistema de salud y para «dar una salida más viable». Así lo señaló Víctor Torres, el superintendente de Salud, la mañana de este viernes en ADN Hoy. 

Las isapres acusaron que la propuesta del Ejecutivo es un «engaño«, entre otras cosas. Declaraciones que para la autoridad «son lamentables e insólitas. Claramente aquí hay un elemento objetivo: ellos son quienes tienen que dar cuenta».

Escucha más sobre esta noticia y otras en «Una pausa necesaria»:

«Es, precisamente, un fallo de la Corte Suprema que tienen que cumplir. Instruyéndonos nosotros en la Corte Suprema para poder dar cuenta de la forma de cumplimiento, y habiendo dimensionando la magnitud del problema generado por los pasivos que ya son conocidos, se plantea por parte del Gobierno un proyecto de ley que pueda mejorar las condiciones del cumplimiento del fallo. Pero aquí se plantea una declaración política de las isapres que busca hacer un contrapunto al Gobierno cuando el problema que existe es la consecuencia de un fallo de la Corte Suprema», añadió.

Las mismas aseguradoras apuntaron a que el Gobierno quiere «dejarlas caer», como una suerte de estrategia. Torres respondió:

«Si hubiera estrategia (para dejarlas caer), lo primero que se hace es no presentar un proyecto de ley. Cuando se ven los fallo de la Corte Suprema, la instrucción es clara: todos los contratos que las isapres administraban al momento del fallo, tenían que ser revisados y adecuados por la tabla de la Superintendencia de 2020. Haciendo el ejercicio y la revisión de más de un millón 800 mil contratos, incluida la rebaja del grupo etario de 0 a 2 años, más de 720 mil contratos son los que tienen precisamente que ajustar sus precios a la baja, que es casi el 40% de la cartera».

Los contratos, al ajustarse a la baja, dan ese total de pasivos. «No es un invento, no es una búsqueda artificial, y lo que se plantea a partir de estas cifras es que se requieren otros elementos para poder dar mejores condiciones de cumplimiento», explicó el superintendente.

«Se están otorgando mejores condiciones para que ellas cumplan el fallo y termina generándose una discusión donde se pone al Gobierno en el centro, que finalmente busca facilitar la situación para evita que haya una consecuencia en el sistema y que redunde en el sistema privado de salud», precisó.

Actitud de las isapres

¿El Gobierno podría no haberse involucrado en el fallo? El superintendente lo explicó así: «Las isapres ni siquiera han querido ir con recurso de aclaración a la Corte. De hecho, fuimos nosotros, como Superintendencia, no siendo parte de la causa, quienes tuvimos que ir a aclarar unas materias sobre retroactividad porque ellos no quisieron. Se negaron permanentemente a ir».

«Luego, con todas las interpretaciones que hicieron, tampoco han querido ir con recursos de aclaración. Si tienen una mirada distinta, podrían ir con el recurso. No han querido hacerlo. La Superintendencia, al dimensionar la magnitud del problema, presenta un proyecto de ley para mejorar las condiciones porque sino quedaría en peor situación», complementó luego.

Y hacia el final, acotó: «Es bastante absurdo que la Asoicación de Isapres trate de generar una responsabilidad en el Gobierno o en la Superintendencia, diciendo además que hay una intencionalidad ideológica y política detrás, cuando las condiciones del proyecto de ley son mejores que no habiéndolo presentado, cuando no había obligación».

Los cálculos del Ejecutivo son extáticos, pero muestran la magnitud de la situación. Los puntos, enlistó Torres, son: la acumulación de la deuda cuando no hay aplicación de la nueva tabla ni punto de corte; y la aplicación de las mismas tablas.

En definitiva, el proyecto da un plazo para el cumplimiento es amplio, pues considera incluso la revisión de la propuesta por parte de una comisión asesora de la Superintendencia, que se conformará para cumplir con el fallo. Y en ese contexto, las isapres han hecho sus propuestas:

«La única que hemos recibido es poder hacer un pago respecto al movimiento de cargas. Es decir, si hay subida del plan por cargas nuevas en las que se habían aplicado factores de tablas antiguas, debían aplicar factores de tablas nuevas y la diferencia a favor de las personas, se paga. O sea, el 7% de la deuda que hemos hablado. Es una propuesta desde el punto de vista de las cifras, podría ser interesante. Yo digo: cuándo se cumple el fallo, porque la Corte no ha dicho que es respecto de las tablas, sino que los contratos que tienen una tabla deben ser ajustados a la tabla completa. Por lo tanto, el beneficio se hace sobre todos los beneficiarios, no sobre las nuevas cargas».

Ampliar

Cerrar

El fallo de la Corte es para aplicar los contratos, no sobre las nuevas cargas. Resumió Torres: «Tienen que sincerar las posiciones: tienen que responder si hay voluntad de cumplir o no, no a nosotros, sino a la Corte. Se está generando, a través de la ley, mecanismos para hacer más cumplible el fallo. No para modificarlo, no para distorsionarlo, no para hacer un perdonazo. No sé si todos estarán disponibles para dimensionar el problema».