Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por crisis migratoria en la frontera entre Chile y Perú
La organización estima que cerca de 300 personas, en su mayoría venezolanas, se encuentran varadas en la frontera norte.
Durante la jornada de este viernes, Amnistía Internacional manifestó su preocupación respecto a la crisis migratoria que se vive en la frontera de Chile con Perú. Esto, luego de la militarización de las medidas de control de la zona.
A raíz de esta situación, la organización declaró que «la implementación de estas medidas han desatado una crisis humanitaria en la frontera de ambos países en las últimas semanas, donde se estima que cerca de 300 personas, en su mayoría venezolanas, así como haitianas y de otras nacionalidades, se encuentran varadas«.
En ese sentido, Amnistía pidió a Chile y a Perú retirar las fuerzas armadas en la frontera norte. Asimismo, aseguró que toda persona tiene derecho a buscar asilo, entonces «las personas venezolanas y haitianas tienen necesidades de protección internacional».
Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indicaron que las personas haitianas «no pueden ser regresadas a su país debido a la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que enfrenta el país».
Condición de refugiados
En ese contexto, Amnistía argumentó que los Estados pueden recurrir a la determinación colectiva de la condición de refugiado. La organización, «insta a Chile y Perú a que utilicen la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena e implementen sin demora esta medida determinación colectiva, ya que simplificaría y aceleraría la tramitación de las solicitudes de asilo».
Además, pide a ambos países corregir rápidamente las prácticas y medidas vigentes que limitan o suspenden el acceso al procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y a cesar cualquier práctica ilegal que restringe el derecho humano a solicitar asilo.
Repatriación
Por otro lado, en relación con los vuelos de repatriación a Venezuela anunciados, Amnistía Internacional impulsó a las autoridades a que analicen las necesidades de las personas venezolanas de protección internacional con el fin de asegurar el pleno derecho del principio de no-devolución.
