Ministra vocera de la Corte Suprema se refiere a «criterio Valencia» por migrantes indocumentados asegurando que «no es legal»

Luego que el fiscal nacional, Ángel Valencia, instruyera a los fiscales de la región Metropolitana a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva para aquellos migrantes detenidos que no tengan RUT, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ahondó en las implicancias de la instrucción.

«Este criterio o instrucción se refiere a un lineamiento interno que ha hecho el Ministerio Público respecto de las solicitudes o comportamientos que los respectivos fiscales van a tener en las audiencias, asociados con la posibilidad de identificación o no de las personas que resulten imputadas. No es un criterio legal», comenzó diciendo la magistrada.

Luego, añadió que «eso implica tres cosas: primero, que cada una de las causas tiene una resolución individual y en consecuencia, en algunos casos, puede que ese criterio prospere y en otros no, porque se va a asociar con aquellos aspectos legales que tiene que tener a la vista el juez respecto de prisión preventiva, libertad provisional y otras materias. Por ejemplo, el tipo de delitos o eventual peligrosidad o etcétera. Entonces el primer criterio es que son resoluciones de caos a caso».

«En segundo lugar —agregó—, efectivamente hay una diferencia importante cuando uno de estos criterios o lineamientos de esta especie es establecido legalmente, porque entonces se transforma en norma de procedimiento que los jueces están obligados a cumplir. Cuando no hay una norma legal, entonces se trata de un lineamiento que los jueces obviamente cruzan con los otros antecedentes del caso».

Y en tercer lugar, «eso explica que puede haber diferencias caso a caso, porque se trata de situaciones distintas entre sí. Si hay una legislación al respecto, se tenderá a uniformar la decisión en esas circunstancias», concluyó.

¿Cuál es la postura del máximo tribunal del país ante la posibilidad de que el «criterio Valencia» se haga ley? Vivanco se explayó: «Nosotros opinamos como pleno cuando hay una ley en tramitación y se nos pide la opinión. No podemos opinar por anticipado, ni mucho menos esta vocera sobre leyes que no conocemos su tenor. Es distinto hacer una instrucción a los fiscales que hacer una ley. En consecuencia, cuando haya un texto propuesto y se nos pide la opinión, la vamos a dar como lo hemos hecho siempre. Pero adelantar la opinión o la ley, no lo podemos hacer. Tampoco sabemos si, en definitiva, va a ser así».