Alcalde Germán Codina advierte que si se implementa un estado de excepción en la RM «todo se va a solucionar a punta de populismos o anuncios»

Este martes el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, irá junto a otros ediles hasta La Moneda para profundizar en el «Plan de Reforzamiento de Seguridad para las Policías» y el «Plan Calles Sin Violencia», dos estrategias anunciadas por el Ejecutivo para abordar la crisis de seguridad que afecta al país.

En el primero, serán US$1.500 millones destinados a la compra de nuevos equipamientos, además de mejorar los protocolos operativos; en el segundo, se considera intervenir 30 comunas, las que concentran un tercio de la población nacional y cerca del 50% de los delitos más violentos. 

En ADN Hoy, Codina contó, a modo de antesala del encuentro, que «sabemos que parte de las políticas de seguridad se están condicionando a la implementación de la reforma tributaria, lo que me preocupa, porque sabemos que cualquier reforma tributaria puede demorarse meses en su implementación y lo que más necesitamos hoy es carácter de urgencia y oportunidad para la implementación de estas medidas».

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Lo anterior, puesto que en octubre de 2022, en el aniversario del estallido, los saqueos que afectaron a una farmacia y a supermercados movieron el foco de su preocupación al comercio ilegal.

Lo resume así: «Ojalá el gobierno apele a los US$5.000 millones que el litio le dejó a las arcas fiscales y que obviamente sorprendieron a todos de manera inesperada».

Codina hizo también un llamado a un «basta ya de que estemos en un ambiente destructivo, de permanente crítica. Podría estar buscando a esto 10 mil errores, pero creo que lo primero es: el Gobierno, entiendo, que la implementación de estas medidas no es contradictorio con que se extienda a todo el territorio nacional. Por lo tanto, asumo que lo que están haciendo es focalizar producto de la escasez de recurso y de dotaciones policiales que van a tener que utilizar para la implementación de medidas de estas características, porque hablamos de fiscalización intensiva de las armas, aumento de patrullajes, investigaciones de armamento ilegal y drogas».

«Coincido con que esto se debiera implementar en todo el territorio nacional. No me quedaré en la trinchera de criticar; quiero contribuir y creo que todos los municipios de Chile tienen que sumarse a implementar medidas de seguridad junto al gobierno», planteó luego.

El plan considera la persecución penal (focalizando el esclarecimiento de delitos, el tráfico de armas, el reforzamiento de la coordinación entre Fiscalía y la PDI, y más); reforzamiento de la actividad policial; fiscalización de las incivilidades; y la recuperación de espacios públicos. 

La concreción de los anuncios, según el alcalde de Puente Alto, sería, por ejemplo, con la «una ley definitiva para crear la Defensoría de las Víctimas, que ha sido rechazado en varias oportunidades por un sector más bien duro de la izquierda, que creo que es el mismo que hoy critica y votó en contra de la Ley Naín-Retamal».

Así, antes de un estado de excepción, dijo, «el Gobierno tiene todavía una batería inmensa de medidas que adoptar antes que estar pensando en poner militares en las calles».

¿Por qué? Porque, a su juicio, «son acciones que más bien van a tener un impacto en la sensación de temor, pero si en la práctica no vamos a la raíz del problema, lo que vamos a tener es que en nuestro país todo se va a solucionar a punta de populismos o anuncios. Lo evidente aquí es que hay que mejorar la coordinación que combaten el delito: Ministerio Público, Gobierno, municipios, policías, entre otros. Si nosotros creemos que se va a solucionar solamente poniendo a un militar con un alto poder de fuego en las calles, lamentablemente el delito es tan inteligente que se desplaza, busca los horarios en los que actuar, va a modificar completamente su comportamiento, pero seguirá estando».

«Lo importante es evitar que se siga socavando la democracia, y para eso hay que robustecer las instituciones de combate al delito. Pudiera ser eventualmente un estado de excepción, no lo descarto, en caso de que sea transitorio, pero que se entienda que todas las autoridades tienen que avocarse a hacer cambios profundos en el sistema garantista, que hoy ha sembrado impunidad, que entrega beneficios carcelarios para poder cumplir la mitad de sus condenas a quienes están presos», añadió.

Su preocupación está en que con la implementación del estado de excepción «terminaremos haciendo es sembrar un populismo en el país por no tener instituciones robustas, eso debilitará la democracia y en segundo lugar, si se instalara un estado de excepción, pido que no sea un estado de excepción prejuicioso, acotado solo a algunas comunas, porque el delito se esconde en todas las comunas de la capital, también en las del sector alto y en las más vulnerables. Solo les pido a los tomadores de decisiones que no cometan el error de que crean que pobreza es igual a delincuencia. Incluso, el poder del narco justamente radica en que ha penetrado en todos los sectores socioeconómicos y se esconde en lugares donde nunca se pensó que podría estar».