Diputados RN presentan proyecto que permite demolición de “casas narco” que afecten la seguridad pública
En el texto, además, ordenan al Ministerio Público a informar de los inmuebles comprometidos a las municipalidades, y elimina la impugnación judicial.
Nueve diputados de Renovación Nacional presentaron, este viernes, un proyecto de ley que entrega nuevas atribuciones a los alcaldes, para instruir la demolición de “casas narco”, bajo el argumento de seguridad pública. La iniciativa tiene como contexto los cuatro operativos de ese estilo, liderados por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.
Los diputados Hugo Rey, Diego Schalper, Andrés Longton, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Jorge Durán, Andrés Celis, Marcia Raphael y Frank Sauerbaum, por medio de un comunicado valoraron que la acción del edil “debe ser reconocido e institucionalizado”.
Las demoliciones, apuntaron, “se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de Derecho provee para aquello, al mismo tiempo que planteamos la necesidad de consagrar esta atribución de manera expresa para el problema del tráfico, consumo y conductas asociadas a sustancias ilícitas de manera de sortear eventuales impugnaciones de la medida por su legalidad”.
La propuesta apunta a modificar la Ley 20.000, sobre tráfico de sustancias ilícitas: en ella, se habilitaría la demolición de obras que podrían ser consideradas un peligro para la seguridad comunal.
“El alcalde podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra o edificación emplazada en bienes inmuebles que hubieren sido objeto de incautación o pena de comiso en aquellos casos en que la obra o edificación constituya un peligro para la seguridad de la comuna por ser destinada al consumo, elaboración, fabricación o comercialización de drogas u otras conductas sancionadas en esta ley”, precisaron.
En la misma iniciativa, de aprobarse, ordena al Ministerio Público a informar mensualmente a los ediles sobre los inmuebles comprometidos. La demolición, por otra parte, se ejecutará como lo mandata la Ley General de Urbanismo y Construcciones, reemplazando las notifiacciones por un aviso escrito en el inmueble (como las clausuras), eliminando la impugnación judicial.
