Alcaldesa Hassler por seguridad en Barrio República: «Desbaratamos seis bandas de robo de celulares y detuvimos a 40 personas por cometer delitos»

La comuna de Santiago ha estado en el debate público en los últimas semanas: primero, porque el retorno a clases presenciales significó un aumento de los hechos delictuales en el barrio universitario en República; y también, porque la misma comuna alberga colegios emblemáticos, como el Instituto Nacional o el Liceo 1, que han visto, como en tantos otros en el país, un aumento de la violencia dentro de las salas de clases.

Sobre el primero de los temas, el de barrio República, la alcaldesa Irací Hassler aseguró, en conversación con ADN Hoy, que la promoción de las denuncias (la formal, no la testimonial de redes sociales) ha tenido resultados.

«Ya llevamos más de 35 denuncias que están actualmente en investigación en fiscalía. En este mes de trabajo permanente logramos desbaratar a seis bandas de robo de celulares y se detuvo a 40 personas en el sector de Barrio República por la comisión de delitos. Hay resultados que son inmediatos y que son muy importantes. Instalamos el bus de la denuncia también. Pero lo que me llena de satisfacción es que las estudiantes tienen una mayor sensación de seguridad, que están agradecidas y que es el resultado de un trabajo conjunto», dijo la edil.

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Violencia dentro y fuera de los colegios: «Se requiere resocialización»

Hassler identificó y reconoció que la violencia en los establecimientos educacionales ha sido un problema en el país. «Se requiere una resocialización después de un periodo de clases no presenciales, de una falta de interacción de la comunidad y que es un fenómeno social que se está expresando también en el mundo adulto y que requiere un llamado a todas las actorías a avanzar hacia el bienestar socioemocional», dijo.

Pero particularmente en Santiago, apuntó a «heridas de años anteriores, donde hubo situaciones de violencia reiterada, en que el Estado también ejerció violencia de manera muy dura contra niños, niñas y jóvenes, y que hoy necesitamos reparar y recomponer».

Pero las demandas, señaló la titular de Santiago, son múltiples: «Si estamos acá es porque tenemos ese desafío, porque somos la administración que puede enfrentar estos temas, pero no solos: en conjunto con el Estado, con las comunidades educativas, con el ministerio de Educación, para abordar problemas de fondo, planteados por las y los estudiantes, como infraestructura, convivencia, educación sexual, entre otros. Y también abordar las situaciones de agresividad y violencia, que es lo que nos compete».

En lo concreto, los 44 establecimientos de los que la alcaldía es sostenedora han estado diagnosticando y avanzando en problemas de infraestructura: «La educación pública de Santiago y el país tiene un abandono en términos de infraestructura, que es también tremendamente grave y que requiere un trabajo articulado, y en eso hemos estado. Hemos avanzado, pero sabemos que también sabemos que nos falta».

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«Las demandas que han puesto sobre la mesa las y los estudiantes son legítimas, en las que estamos trabajando en conjunto con ellos y ellas y también con otros espacios del Estado. Hay hechos particulares, pero que son de tremenda gravedad, que queremos que queden atrás del debate educativo y de procesos de movilización que, siendo pacíficos, tienen todo el derecho de realizarse. Esos eventos tienen la necesidad de ahondar más desde lo formativo, pero también hay un rol de otras actorías de orden público o quienes tienen la investigación a su cargo. Debe abordarse desde esa perspectiva, siempre con el resguardo de los niños, niñas y adolescentes, y de los derechos humanos», argumentó Hassler.

En esa línea, señaló que han habido cambios en parte del currículum escolar: «Hemos tenido cambios en las materias para poder priorizar elementos de deportes, encuentro, cultura, debate al interior de la comunidad y de reflexionar que estos actos de violencia no pueden ser parte de la comunidad educativa».

En el caso de la quema de bus, se inició por oficio la investigación en Fiscalía. «Sin embargo, hemos presentado una denuncia por vulneración al derecho a estudiar, porque han sido interrumpidas sus clases. Nuestra perspectiva, como sostenedor de la educación, es siempre la continuidad del proceso educativo. Nos parece muy grave cuando ello se impide y sí, esa denuncia hemos puesto».

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