Suprema condenó a empresas relacionadas de U San Sebastián a pagar $265 millones
El máximo tribunal determinó que tres compañías deben entregar el monto a la familia del constructor civil Juan Guillermo Moya, quien falleció en la caída de una avioneta en Tome.
Las sociedades relacionadas de la Universidad San Sebastián -Inversiones Laguna Blanca SA, Inversiones Laguna Blanca Dos SA e IAB Inmobiliaria-, deberán pagar 265 millones de pesos a la familia del constructor civil Juan Guillermo Moya, quien fuera empleado de estas empresas.
Así lo determinó la Cuarta Sala de la Corte Suprema luego de rechazar un recurso de casación, a raíz de un hecho ocurrido en marzo de 2010, cuando cinco representantes de la Universidad San Sebastián viajaron a Concepción para inspeccionar las instalaciones de la casa de estudios, contexto en el que se produjo la caída de la avioneta que los trasladaba a la altura de Tomé, accidente en el que murieron todos los tripulantes.
En entrevista con ADN Radio Chile el abogado de la familia Moya, Benjamín Pupkin, detalló las razones del viaje a la Octava Región: "Primeramente se planteó como defensa, por parte de las demandadas, que esto se trató de un viaje personal acordado por un grupo de amigos. El propósito de que se incluyera a Juan Moya en este viaje era ningún otro que en su calidad de constructor civil, que él pudiera inspeccionar el estado en que estaba la sede de Concepción de la Universidad San Sebastián, porque si se recuerda la fecha, que era los primeros días de marzo, estaba pronto a iniciarse el período de clases de la universidad".
En el proceso judicial la Universidad San Sebastián fue exculpada de esta muerte, aunque el representante legal de Inversiones Laguna Blanca Dos SA, Enrique Herrera Rodríguez, reconoció la vinculación de las empresas con la casa de estudios superiores. "El proceso estuvo abocado a determinar una responsabilidad civil de estas empresas (…) Pero la vinculación societaria entre unas y otras fue evidente. Y ese hecho fue reconocido por Enrique Herrera en la declaración judicial que prestó en el proceso. Reconoció abiertamente la vinculación de propiedad que existe entre las inmobiliarias demandadas y la universidad", explicó Pupkin.
Anteriormente Herrera fue mencionado por el ex jefe de obras de la Municipalidad de Recoleta como uno de los representantes de la Sociedad de Desarrollo Inmobiliario Bellavista y Laguna Blanca Dos, como parte de una red de corrupción, lo que está siendo investigado por la fiscal Macarena Cañas. Sobre los acercamientos para evitar un juicio civil que significó el pago de 215 millones por lucro cesante a la familia y daño moral por otros 50 millones, Pupkin extrañó que la defensa de las inmobiliarias no quisiera un avenimiento.
