Caso CNA: Fiscalía formalizará a universidades SEK, del Mar y Pedro de Valdivia por presunto soborno
La Fiscalía formalizará a los representantes de las universidades privadas por su presunta asociación al soborno para conseguir la acreditación por lo que planteles arriesgan la disolución de la personalidad jurídica.


El Ministerio Público formalizará a tres representantes de las universidades privadas Internacional SEK, del Mar y Pedro de Valdivia, a las cuales se les asoció con soborno en el caso del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), por lo que los planteles arriesgan la disolución de su personalidad jurídica.
En el marco de la ley 20.393, que permite perseguir y sancionar penalmente a las personas jurídicas, los fiscales Pablo Norambuena y Carlos Gajardo apuntaron la responsabilidad penal de las entidades educacionales respecto de los pagos que se hicieron al expresidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz, para poder obtener el beneficio de la acreditación.
El Ministerio Público ya solicitó fecha (22 de mayo) al Octavo Juzgado de Garantía para formalizar los cargos contra los actuales rectores de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos; de la Universidad Internacional SEK, Alejandro Ormeño; y Aldo Biagini de la Universidad Pedro de Valdivia, quienes para la Justicia son los representantes públicos o legales de estas entidades.
Las exigencias que contempla la ley 20.939 de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas, va desde multas de 800 millones de pesos hasta la disolución total de la personalidad jurídica de las entidades.
Al respecto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, indicó que las leyes están para cumplirse. Mientras uno de los rectores imputados, Aldo Biagini, quien ve en esta nueva arista una oportunidad para demostrar la inocencia de la Universidad del Mar, afirmó que "tendrían que probar que nosotros fallamos en nuestra obligación de supervisar y controlar, pero nosotros vamos a demostrar que tenemos los reglamentos para ejercer esos controles y tenemos a las personas encargadas de hacer esos controles”.
El Consejo de Defensa del Estado solicitó ampliar la investigación a otras 11 universidades para comprobar si cumplieron con los modelos de prevención para evitar el cohecho.
Los hechos que se acusan se desarrollaron presuntamente desde el segundo semestre de 2010 hasta fines de 2011.




