Diputado Latorre y caso intervencionismo: »Debe ser resuelto en el Consejo de Transparencia»
El presidente de la Democracia Cristiana insistió en sus cuestionamientos a las diligencias que ha desarrollado el Ministerio Público que llevó a la PDI a incautar computadores desde la Intendencia de O'Higgins y de la sede regional de la DC, y sostuvo que el nuevo organismo debe ser el encargado de sancionar la situación.
El presidente de la Democracia Cristiana Juan Carlos Latorre, planteó este lunes que en el Consejo de Transparencia debiera resolverse la denuncia de intervencionismo electoral en la Región de O’Higgins, al insistir en sus cuestionamientos a las diligencias ordenadas por el fiscal de la zona, Luis Toledo, que incluyeron la incautación de computadores y archivos en la sede de la DC y la Intendencia de O´Higgins.
"A mí personalmente me parece que esto es un tema que tendrá que ser resuelto en el Consejo de Transparencia, y nosotros en su momento haremos las presentaciones correspondientes, porque no me parece primero como precedente razonable que, a raíz de una investigación de esta naturaleza, se proceda a incautar computadores de un partido político. Eso ocurría habitualmente en otra época", expresó Latorre.
Esto, tras la denuncia de los diputados independientes Esteban Valenzuela y Alejandra Sepúlveda, quienes informaron acerca de un correo electrónico enviado por la secretaria regional de la DC de O’Higgins y funcionaria de la Intendencia, Sara Romero, a diversas autoridades y jefes de servicio, invitando a una cita con los postulantes del partido a la Cámara Baja en dicha zona como Latorre, el secretario nacional DC, Moisés Valenzuela y Ricardo Rincón. En el e-mail se solicitaba a los funcionarios que llevaran copia de diversos datos de sus reparticiones.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Administración del Estado, cuya principal labor es velar por el buen cumplimiento de dicha ley, promulgada el 20 de agosto de 2008 y en vigencia desde el 20 de abril de 2009.
"Si se está investigando el comportamiento de funcionarios públicos que se haga estrictamente dentro de la institucionalidad pública y en ningún caso, en mi opinión, resulta razonable que se empiece a citar a declarar, se incaute un computador a personas que tienen legítimo derecho a participar en cualquier reunión", enfatizó el jefe democratacristiano.