Corte de Apelaciones revocó libertad a ex militares procesados por caso Leopard

La quinta Sala de la Corte Apelaciones de Santiago revocó este jueves la libertad provisional concedida en primera instancia a los dos ex directivos de Famae, general (r) Luis Iracabal y el brigadier (r) Gustavo Latorre, procesados como autores del delito de malversación de caudales públicos, tras la compra de 200 tanques Leopard I-V a Holanda en 1998.

La resolución fue adoptada por los ministros Dobra Lusic, María Rosa Kittsteiner, y el abogado integrante Rodrigo Asenjo, quienes resolvieron que el beneficio concedido a los imputados, representa un peligro para la seguridad de la sociedad, sumado a la gravedad de la pena y la forma y circunstancia del ilícito, en que presuntamente incurrieron.

Al término de los alegatos, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Rodrigo Reyes, querellante en la causa, manifestó que la libertad de los inculpados representa un riesgo, debido a "la gravedad de la pena" y por las circunstancias en la comisión del ilícito, ya que es de "especial relevancia pública".

En tanto, los abogados defensores de los procesados, Cristian Muga y Leonardo Battaglia, manifestaron que sus representados no pueden constituir "de ninguna manera un peligro para la seguridad de la sociedad", debido a que son personas que se han presentado en todos los actos en los cuales han sido requeridos por los tribunales.

Asimismo, Battaglia aseguró que no hay antecedentes para inculpar a su representado, pero "efectivamente hay un traspaso de dinero, pero se justificara adecuadamente. No podemos desconocer que la compra de los tanques fue una compra que resultó un material tremendamente importante para el Ejército de Chile", dijo.

Añadió que la interpretación que se les está dando a este tema, "no tiene asidero, no tiene fundamentos y a eso estaremos abocados a fin de demostrar la completa inocencia, no sólo del señor Iracabal, sino del señor Latorre.

Ambos se encuentran recluidos en provisionalmente en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, luego que el pasado 3 de agosto el juez Valderrama dictara su procesamiento, tras existir presunciones fundadas que los ex uniformados se habrían apropiado ilícitamente de la suma de US$298.150 cada uno en coimas.

El dinero, según consta en el proceso que sustancia el magistrado, lo habrían obtenido tras el contrato suscrito para cerrar la compra del armamento bélico con la firma holandesa RDM Technology, adquisición que tuvo un costo para el Estado de US$36.052.133 (alrededor de $28.589.098.144 pesos de la época).