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Exclusivo: Formalizan a tres ejecutivos del Consejo de las Américas por apropiarse de fondos destinados a campañas de prevención del SIDA

El ex director del organismo, Jorge Osorio, su vicepresidente, Cristián Moscoso, y el actual presidente, Santiago Araya, son acusados de malversación de caudales públicos por $150 millones.

Tras un año de investigación, el Ministerio Público formalizó este miércoles a tres ejecutivos del Consejo de las Américas por ser acusados de apropiación de dineros destinados al desarrollo de campañas para la prevención del VIH-Sida.

En mayo de 2008 salió a la luz la controversia, luego que diferentes medios de comunicación publicaran que US$34 millones fueron puestos en cuestión por la Contraloría y el Ministerio Público respecto de los fondos que se destinan al organismo para estos programas.

Finalmente, y casi un año después, fueron formalizados por malversación de caudales públicos el ex director del Consejo de las Américas, Jorge Osorio, su vicepresidente, Cristián Moscoso, y el actual presidente, Santiago Araya.

En un comienzo se habló de un monto cercano a los US$34 millones, pero de acuerdo a lo expuesto hoy por el fiscal Felipe Sepúlveda se trataría de 150 millones de pesos.

Al respecto, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Marcelo Oyharcabal, se mostró confiado en lo que resolverá la justicia, ya que presentaron antecedentes que acreditan los hechos.

"Estimamos que está totalmente acreditado en esta etapa de la investigación tanto el hecho punible como la intervención de los distintos formalizados", dijo Oyharcabal.

"Me atrevo a decir que esa es la suma, porque es lo que nosotros señalamos en nuestra querella, pero podrían aparecer nuevas cifras", agregó.

En tanto, el ex director del Consejo de las Américas, Jorge Osorio, negó todo tipo de cargos. "Las platas del proyecto del sida no han sido tocadas, no hay ninguna irregularidad, se está investigando presuntas irregularidades en los fondos de administración, que administraba el consejo de las Américas", apuntó

"Nos parece bastante claro lo que dijimos en un principio que las cifras de que se hablaron en el pasado son completamente diferentes, estamos hablando de cifras menores a 5 o 6 millones de pesos", añadió.

Santiago Araya, director del organismo, también cuestionó el trabajo del Ministerio Público al decir que "el cargo no corresponde y el apropiarse de manera indebida es hacer uso de dineros que están en custodia de uno y yo nunca he tenido ni firma ni facultades para girar cheques ni para hacer ningún tipo de pago".

El plazo de investigación acordado entre las partes en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago es de seis meses. Los imputados quedaron bajo régimen de firma mensual ante el Ministerio Público.

 

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