Las organizaciones sociales de Nicaragua obligadas a suspender operaciones por nueva ley

Las organizaciones sociales comenzaron a sentir la presión de la legislación en Nicaragua. La ley de agentes extranjeros es una de las cuatro normativas aprobadas por el parlamento para acallar a la disidencia. La normativa avanza sobre los organismos de la sociedad civil que continuaban operando en el país centroamericano.

En menos de una jornada dos organizaciones anunciaron el cierre de sus operaciones. La decisión es en rechazo a la legislación que impone controles a las entidades que promueven el respeto a los derechos humanos. La primera en rechazar el ultimátum oficial para «registrarse como agente extranjero» fue PEN Nicaragua.

Se trata de un grupo de escritores, poetas y periodistas que promueven la libertad de expresión. La escritora Gioconda Belli comentó que les exigen «el cumplimiento de requisitos mensuales que no se corresponden con la realidad de nuestras limitaciones». La norma bloquea el financiamiento y las donaciones internacionales.

En las últimas semanas el ministerio de gobernación emitió avisos para inscribirse como agentes extranjeros. Quienes se inscriban tendrán que informar mes a mes sus operaciones, en una suerte de método de control. El País informa que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro también rechaza el nuevo marco.

«El pretexto de salvaguardar la soberanía y seguridad nacional que se invoca en tal ley es improcedente», declaró la entidad. La fundación con sede en Managua promueve la libertad de prensa y también suspendió su labor. La organización enfatizó que la ley del gobierno de Daniel Ortega es «una clara manipulación».

La agrupación recalcó que «se persigue paralizar el funcionamiento de organismos que el gobierno considera contrarios a sus lineamientos». La fundación criticó que es una «violación a los derechos humanos universales, la libertad de pensamiento y de difusión, la democracia».

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