HRW acusó que el gobierno interino de Bolivia «abusa del sistema de justicia» para perseguir a partidarios de Evo Morales
Además, Human Rights Watch afirmó que los cargos por terrorismo que enfrenta Morales, "a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas".
LA PAZ, BOLIVIA - AUGUST 13: Bolivian President Jeanine Añez wearing a facemask looks on during the presentation of the law amending the postponement of the 2020 general elections at Government's Palace on August 13, 2020 in La Paz, Bolivia. Interim President of Bolivia enacted the General Election Postponement Law at the Legislative Assembly which sets elections until October 18. General elections have been delayed twice citing coronavirus pandemic. Protests and roadblocks against the postponement continue in the country. (Photo by Gaston Brito/Getty Images)
Human Rights Watch denunció que el gobierno interino de Bolivia, liderado por Jeanine Áñez, «abusa del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales».
Además, HRW afirmó que los cargos por terrorismo que enfrenta Morales, «a la luz de las pruebas, parecen responder a motivaciones políticas».
El informe “La justicia como arma: Persecución política en Bolivia” documenta casos promovidos por el gobierno interino con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.
«Los fiscales pueden y deben investigar , si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos. Sin embargo, es crucial que la fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Morales renunció y abandonó Bolivia en noviembre de 2019, mientras que en todo el país se realizaban protestas motivadas por denuncias de fraude electoral (cuestionadas por instituciones internacionales) y luego de que los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía le pidieran que dejara el cargo.
HRW asegura que durante el gobierno de Áñez se «ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo». «A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos», dice la organización.
En algunos casos, los fiscales presentaron cargos por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales, concluyó Human Rights Watch. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet.
Estos son dos de los casos reportados en el informe:
- La fiscalía imputó a Patricia Hermosa, apoderada y ex jefa de gabinete de Evo Morales, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición,
- exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara
- . La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo.
- La fiscalía imputó a Mauricio Jara, un simpatizante de Morales,
- los delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión.
- Como prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de “tirano” y “dictatorial”, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”, había “desinformado” y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva.
