HRW acusó a Nicolás Maduro de aprovechar medidas contra el Covid-19 para «reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población»
Human Rights Watch afirmó que, desde que se declaró el estado de excepción para contener el contagio, a mediados de marzo, las autoridades venezolanas detuvieron de manera "arbitraria" y procesaron "penalmente" a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores.
CARACAS, VENEZUELA - MARCH 12: President of Venezuela Nicolas Maduro speaks during a press conference at Miraflores Government Palace on March 12, 2020 in Caracas, Venezuela. Maduro announced a travel ban for travelers flying in from Europe and Colombia and restricted gatherings and massive events in an attempt to stem the proliferation of the COVID-19 pandemic. Maduro also confirmed there are no cases in Venezuela. (Photo by Carolina Cabral/Getty Images)
Human Rights Watch (HRW) denunció que las fuerzas de seguridad y las autoridades venezolanas han usado las medidas para contener la pandemia de Covid-19 como una «excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población».
Desde que se declaró el estado de excepción para contener el contagio, a mediados de marzo pasado, las autoridades venezolanas detuvieron de manera «arbitraria» y procesaron «penalmente» a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno del presidente Nicolás Maduro, según un informe de HRW.
A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en la ‘ley contra el odio’ de 2017, que es «absurda y excesivamente amplia», y son procesados por un poder judicial «sin la más mínima independencia». Y a los abogados de los acusados se les concede un acceso «muy limitado» a los expedientes judiciales y a los fiscales, debido al «cierre de tribunales».
Algunos detenidos sufrieron «abusos físicos» que podrían constituir «torturas», afirma el organismo.
«El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del gobierno, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos», dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El 13 de marzo Maduro decretó un estado de «excepción y alarma» en todo el país y dispuso medidas para limitar la propagación del Covid-19, incluidas restricciones de la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas.
Maduro prorrogó el estado de excepción cinco veces, superando «el límite constitucional de 60 días».
En la práctica, quienes se encargan de que la población cumpla las normas de cuarentena son las Fuerzas Armadas; los cuerpos de seguridad, incluida la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que han estado implicadas en «ejecuciones extrajudiciales»; y grupos armados partidarios del gobierno conocidos como «colectivos».
