Corte Penal Internacional autorizó investigación por crímenes de guerra en Afganistán
La Fiscalía acusa que "miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual" desde el 1 de mayo de 2013.
Paula Bronstein
La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó una investigación para examinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por tropas de Estados Unidos, talibanes y autoridades del país.
Una sala de apelaciones decidió dar la razón a la Fiscalía y anular una resolución anterior de la sala de cuestiones preliminares, que en abril de 2019 rechazó la indagatoria argumentando que «no serviría a los intereses de la Justicia» porque las perspectivas de éxito de la Fiscalía eran «extremadamente limitadas».
El juez presidente de la sala de apelaciones, Piotr Hofmanski, criticó la decisión de primera instancia y afirmó que «la única función de los jueces de la sala de cuestiones preliminares era considerar si había una base fáctica para proceder con la investigación».
Según el sumario de la Fiscalía, «miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos cometieron los crímenes de guerra de tortura y trato cruel, atentados contra la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual» desde el 1 de mayo de 2013.
El mismo documento advierte de que hay una «base razonable» para creer que «miembros de la CIA» cometieron los mismos delitos en Afganistán y en Polonia, Rumanía y Lituania contra detenidos acusados de terrorismo.
Esos países de Europa del Este albergaron centros secretos de la CIA entre 2003 y 2006.
Aunque Estados Unidos ha rechazado la investigación, los supuestos crímenes de sus soldados y miembros de la CIA pueden ser investigados porque se habrían cometido en países que han ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal.
Por otro lado, la Fiscalía acusa a los grupos talibanes de provocar al menos 17.000 víctimas civiles mortales en ataques contra escuelas, oficina del Gobierno, hospitales, santuarios, mezquitas y organizaciones humanitarias.
