Fiscalía de Colombia inició investigación sobre el actuar del exjefe del ejército Nicasio Martínez
El condecorado general renunció al máximo cargo de las fuerzas armadas en diciembre de 2019, argumentando razones familiares.
La Fiscalía General de Colombia inició una investigación sobre la denuncia de las interceptaciones ilegales a magistrados, políticos y periodistas que realizaban militares. El fiscal general encargado, Fabio Espitía, pidió a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que fiscaliza a autoridades con con fuero, que abra una investigación contra el general y excomandante del ejército Nicacio Martínez.
El condecorado exjefe de las fuerzas armadas renunció en diciembre de 2019 argumentando razones familiares. "Es una información que la Fiscalía no tenía, es una información que se conoce por los medios", reconoció Espitía al anunciar la indagación basada en el reportaje de la Revista Semana. El medio asegura que la salida de Martínez se produjo por el escándalo de las llamadas "chuzadas".
El reportaje expresa que la salida acordaba del general Martínez buscaba blindar a las instituciones armadas y "evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios". La indagación da cuenta que incluso oficiales castrense, quienes entregaron información a la prensa sobre la corrupción en las fuerzas armadas, también fueron blancos de seguimientos. El terremoto político en Colombia no se acaba.
Informa El País que durante el año que Nicacio Martínez estuvo en el cargo, se cuestionó su rol en los llamados "falsos positivos" y las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate. En un comunicado publicado en El Tiempo el exjefe del ejército enfatizó que su "dignidad y buen nombre no pueden ser pisoteados de manera irresponsable", reiterando que su retiro fue por una decisión personal.
Martínez anticipó en el periódico que agotará "los recursos e instancias jurídicas que sean necesarias hasta que salga a luz pública la verdad sobre las injustas acusaciones a las que he sido sometido". El gobernante colombiano Iván Duque eligió tomar distancia del escándalo, temiendo que las protestas ciudadanas sumen la causa. El ejecutivo dijo desconocer las acciones y pidió sanciones para los responsables.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, manifestó que "de hallarse que hubo irregularidades, el gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar". Las sospechas sobre las escuchas no son nuevas, ya que varios magistrados manifestaron que son espiados, mientras que los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron esta ilegalidad.
