Gobierno de México denuncia al régimen de Bolivia ante justicia internacional por asedio a embajada

Una crisis diplomática se asoma en Latinoamérica. La secretaría de relaciones exteriores del gobierno de México informó que presentarán un recurso ante la Corte Internacional de Justicia en contra del régimen de Bolivia. La acción ante el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca que se garantice la seguridad en su embajada y en la residencia oficial ubicadas en la ciudad de La Paz.

El personal diplomático mexicano asegura que sufren intimidaciones y acoso desde que el ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador dio asilo al expresidente Evo Morales en noviembre y que el hostigamiento creció cuando asilaron a nueve funcionarios del saliente gobierno boliviano. El régimen interino de la autoproclamada Jeanine Áñez asegura que las acusaciones son falsas y que México no tiene pruebas.

López dijo que esperan "que se respete el derecho de asilo, y que se aleje cualquier tentación de tomar o vulnerar nuestra soberanía al querer penetrar en nuestra embajada, en la embajada de México en Bolivia; eso no lo hizo ni Pinochet". El canciller azteca, Marcelo Ebrard, precisó que "ni en los peores momentos de los golpes militares de los años 70 y 80 se puso en riesgo la integridad de estas instalaciones".

"Allá nos veremos. Veremos quiénes han violado los tratados", fue la respuesta de Arturo Murillo, un ministro interino boliviano. El País informa que cinco exministros, un ex fiscal general, un exgobernador y otros dos funcionarios están resguardados en la delegación mexicana después que el gobierno interino Áñez anunciara una "cacería" para detenerlos. El blanco principal es Juan Ramón Quintana, un ex secretario de estado.

Los funcionarios mexicanos denunciaron que hay hombres armados en los alrededores de la embajada, que siguen a los vehículos oficiales e increpan a la embajadora Teresa Mercado. Según la canciller boliviana, Karen Longaric, los exfuncionarios "no son perseguidos políticos" sino que cometieron "delitos comunes". El 24 de diciembre hasta 150 policías y agentes del interior vigilaron las dependencias.

Bolivia asegura que se estaba entregando "protección" a los representantes mexicanos. Según Human Rights Watch las protestas en Bolivia han dejado al menos una veintena de muertos. La preocupación de México es una incursión por la fuerza a la embajada para detener a los nueve funcionarios, según fuentes diplomáticas. La administración Áñez no ha entregado los salvoconductos para que abandonen Bolivia.

El interino viceministro boliviano de seguridad, Wilson Santamaría, anunció que no retirarán el personal asignado en la embajada y la residencia oficial mexicanas. "No vamos a permitir que nadie que tenga cuentas pendientes con el país de la anterior administración abandone Bolivia", aseguró el funcionario. En paralelo La Paz justifica la vigilancia extraordinaria con dos argumentos diferentes.

Los encargados de seguridad aseguran que existe el riesgo de que los exfuncionarios bolivianos huyan y se den a la fuga cruzando la frontera con Argentina, pero el secretario privado de la presidencia Erick Foronda, aseguró que la policía está protegiendo la embajada mexicana de posibles protestas de campesinos. El plan de acción de México es agotar la vía legal y diplomática para evitar la violencia.

El ejecutivo mexicano manifiesta que las acciones de Bolivia violan la Convención de Viena y hasta la fecha emitió tres notas diplomáticas esta semana, acudió a la ONU y la Organización de Estados Americanos, además de acercarse a los gobiernos regionales para reunir apoyos. "No hay ningún principio que asista a quien quiera violentar la sede diplomática de un país", precisó Ebrard.