Juzgado ordenó proteger a las mujeres de Ciudad de México frente a la violencia machista
Entre enero y julio de 2019 hubo 125 mujeres asesinadas en la capital azteca, pero sólo 26 casos se investigaron como femicidios.
Un especial resolución tomó un juez azteca al ordenar al gobierno de México que emita una alerta por la violencia de género en la Ciudad de México. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Luz Estrada, manifestó que "ni las autoridades locales ni federales están garantizando los derechos de las mujeres".
Tras el amparo concedido el viernes, las organizaciones feministas estiman que la emisión de la alerta es "impostergable" y exigieron que se declare a más tardar el 30 de septiembre. "La alerta de violencia de género en los diferentes estados y municipios donde se ha declarado no tuvo los resultados esperados", respondió el gobierno local.
Miles de mujeres han salido a las calles de la capital mexicana en las últimas semanas, protestando en contra de los femicidios, el abuso sexual, el acoso sexual y las amenazas a su seguridad. La policía está en el centro de las críticas luego de que una adolescente de 17 años denunciara en agosto que cuatro uniformados la violaron.
El gobierno de Ciudad de México anunció a fines del mes pasado una serie de medidas que incluyen botones de auxilio en el trasporte público, la instalación de luminarias y nuevas agencias ministeriales para facilitar las denuncias, entre otras. Grupos feministas criticaron las nuevas acciones por insuficientes y exigieron que se declare la alerta.
Informa El País que el protocolo de protección implica acciones de emergencia para que el gobierno otorgue más recursos para atender la violencia, desde capacitación en género al personal ministerial y hasta mayor vigilancia policial. El fallo del tribunal reconoce que las organizaciones civiles son interlocutoras válidas para pedir resultados al gobierno.
La resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa evidencia que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que depende del ejecutivo, no hizo suficiente para cuidar la integridad de las víctimas y retrasa sin justificación la entrada en vigor del mecanismo para proteger a las mujeres.
