Justicia española investiga espionaje y montajes del gobierno de Rajoy en contra de Podemos

El ejecutivo español de Mariano Rajoy se vuelve a sentar en el banquillo de los acusados, ya no sólo por los casos de corrupción que afectan a militantes y autoridades de su colectividad el Partido Popular (PP), si no que por la denuncia de casos de espionaje y la preparación de montajes para perjudicar a rivales políticos, como los líderes del movimiento independentista catalán y del colectivo opositor Podemos.

La justicia hispana investiga la existencia de un grupo de policías pagado por el ministerio del interior que debía encontrar o fabricar pruebas e informes que inculparan a adversarios del PP, además de vínculos con periodistas y medios de comunicación que ventilaban los casos inventados en ciclos electorales o de efervescencia política. Hasta la utilización de un exfuncionario chavista aparece en la trama.

El enorme fraude implicaba la filtración de la información falsa desde la llamada "Brigada Patriótica" a determinados periodistas, como los casos de Daniel Montero (El Español) y Manuel Cerdán (Okdiario), aprovechando los vínculos del excomisario José manuel Villarejo. Tales informes fabricados eran entregados incluso antes de que se hicieran denuncias formales ante los tribunales españoles.

Informa El País que en la actualidad la Audiencia Nacional y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía indagan pruebas de posibles "relaciones comerciales o acuerdos (…) con periodistas o medios de comunicación" y "contraprestaciones vinculados a noticias relacionadas con proyectos de intoxicación informativa". El diario El Mundo, el sitio El Confidencial y la desaparecida revista Interviú aparecen difundendo mentiras.

Uno de los casos comienza en noviembre de 2015 con el robo del teléfono de una asesora del entonces parlamentario europeo, Pablo Iglesias. Informa Público que a partir de ahí aparecieron noticias sobre pagos ilegales desde Irán y la existencia de dineros del gobierno venezolano financiando a los líderes de Podemos. Todas eran falsas pero citaban informes como PISA y una fuente del exgobierno de Nicolás Maduro.

Las indagaciones muestran que el grupo policial y autoridades españolas de la época convencieron al exministro chavista Rafael Isea, en 2016 radicado en Estados Unidos, a que entregara pruebas documentales creadas del aporte ilegal a Podemos por más de 270.000 dólares y que se efectuaba a través del paraíso fiscal de Granadinas. El partido de zquierda pidió que se investigue una "ramificación periodística”" de la trama policial.