Alberto Fujimori volverá a ser procesado por la justicia peruana
Un tribunal acordó que el exmandatario deberá responder por la matanza de seis personas en Pativilca, en enero de 1992.


Un tribunal de la Sala Penal Nacional resolvió que Alberto Fujimori volverá a ser procesado judicialmente y nuevamente por crímenes de lesa humanidad.
La fiscalía pidió procesar al autócrata peruano y a otras 23 personas por el llamado caso Pativilca, una matanza de seis personas cometida en enero de 1992 por el Grupo Colina, destacamento del ejército creado supuestamente para combatir a Sendero Luminoso.
La fiscalía pide 25 años de prisión para Fujimori, por los delitos de homicidio, secuestro y asociación ilícita perpetrados por el Grupo Colina.
Entre quienes deberán responder ante la justicia figuran exintegrantes del grupo paramilitar y de las Fuerzas Armadas, quienes ya han sido responsabilizados por el asesinato de otras 60 personas, entre ellas menores de edad, inocentes y opositores al régimen.


Recientemente, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, otorgó un indulto humanitario y el derecho de gracia, beneficio que cierra los procesos judiciales pendientes del exdictador de 79 años.
Sin embargo, este proceso es nuevo y solo se pudo abrir luego de que la justicia chilena, que extraditó a Fujimori en 2007, autorizara a Perú el inicio de este juicio el pasado mes de junio.
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional indica que no es aplicable a Fujimori el derecho de gracia por razones humanitarias, por lo que no se le excluirá del juicio.
Los magistrados aseguran que, de acuerdo a una sentencia del Tribunal Constitucional, "la gracia presidencial debe ser concedida por motivos humanitarios en los casos en que el procesado sea portador de una enfermedad grave e incurable en estado terminal, lo que no se condice con el estado de salud del procesado Fujimori".
El exmandatario peruano (1990-2000) dio un autogolpe en 1992 y terminó huyendo del país, en noviembre de 2000 -cuando empezaba su tercer período como presidente- después de que fuera acusado de corrupción.
La Procuraduría ad hoc que investigó su mandato calcula que el país perdió 6 mil millones de dólares por la corrupción del régimen cívico-militar.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas también por el Grupo Colina en 1991 y 1992, respectivamente.




