Nueva Constitución: costo anual sería entre un 8,9% y 14,2% del PIB
Esto implica un costo de entre 28.500 millones de dólares y 45.000 millones de dólares.

Un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) y de distintas universidades de Chile analizó los costos que traería la implementación de la propuesta de nueva Constitución que se votará este 4 de septiembre en el plebiscito de salida.
El grupo de economistas lo integran Andrea Betancur (U. de Talca), Guillermo Larraín (U. de Chile), Claudia Martínez (Instituto de Economía de U. Católica), Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara (CEP), y Rodrigo Valdés (Escuela de Gobierno de U. Católica).
La investigación pone dos escenarios: uno de bajo costo y uno de alto costo. En el panorama conservador, el costo total anual es de un 8,9% del Producto Interno Bruto del país, esto es, 28.500 millones de dólares. En el escenario de mayor gasto, este sería del 14,2% del PIB, o sea, 45.000 millones de dólares.
Se destaca que estos montos implican “exclusivamente los gastos fiscales directos que gatillaría la aplicación del articulado”, no considerando “el cambio en la eficiencia del funcionamiento del Estado ni la reacción de personas y empresas derivadas de cambios en las reglas de operación de la economía”, tampoco “las implicancias en política tributaria derivada de estos mayores gastos”, ni de “supuestos de la gobernanza del sistema político ni de la calidad de las políticas públicas resultantes”.
El ítem que más implica aumento de gasto fiscal es el de protección social, costando desde un 4,5% hasta un 7,2% de la nueva carta magna. En segundo lugar está la salud (1,9% a 2,8%) y tercero educación (0,8% a 1,4%).
El estudio también comparó la experiencia constitucional de otros países. “En su mayoría los países revisados aumentaron considerablemente su indicador de gasto fiscal con respecto al PIB. Por supuesto no se pueden asignar todos estos incrementos al factor constitucional. De hecho, la propia constitución puede ser el resultado de otros factores o fenómenos sociales que presionan el gasto”, aclara.
“Es sugerente que la experiencia en América Latina, en particular de Colombia (1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009) muestra importantes incrementos en el gasto. El caso de Venezuela en cambio no muestra un aumento significativo de la razón gasto a PIB. Cabe mencionar que en ese caso (como en Sudáfrica) comienza en un nivel superior. Además, es posible que la alta y creciente inflación en dicho país haya dificultado un aumento mayor”, puntualiza.