Bruselas frenó la reforma bancaria española por discrepancias con Economía
El memorándum de rescate, obligaría a una recompra de las preferentes por su valor de mercado, lo que ahora supondría pérdidas de entre el 60% y el 80% para los titulares de esas preferentes.
Las exigencias de Bruselas han congelado de momento la reforma que permitirá intervenir bancos de forma urgente y que dota de poderes extraordinarios al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para liquidar entidades inviables. La Comisión Europea quiere estudiar al detalle un texto que recibió hace muy pocos días. En Bruselas consideran que no habrá grandes problemas para sacar adelante una reforma de su agrado, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy debe amoldarse a sus condiciones para asegurarse la ayuda europea a la banca española. Pero detectan un punto de fricción con Madrid: concretar las pérdidas que inevitablemente asumirán los titulares de participaciones preferentes de las entidades que cuenten con ayudas públicas.
Los responsables de la Comisión son conscientes de las dificultades del Gobierno español para imponer a decenas de miles de pequeños ahorradores una pérdida en sus inversiones, algo a lo que el Ejecutivo se oponía antes de que el rescate a la banca le obligara a aceptarlo. “No forma parte del memorándum [del rescate a la banca]”, dijo rotundo el ministro de Economía, Luis de Guindos, pocos días antes de confirmarse que finalmente sí estaría en el contrato firmado a cambio del préstamo europeo de hasta 100.000 millones de euros. Pero en Bruselas aseguran que no hay otra solución: que todo lo que no aporten los accionistas y acreedores tendrá que salir del fondo de rescate, lo que supone en última instancia del bolsillo de los contribuyentes europeos.
La situación que más preocupa al Gobierno es la de los titulares de preferentes de entidases nacionalizadas (Bankia, NovaGalicia Banco o CatalunyaCaixa), a los que no se ofreció canjes —como en el resto del sector— por estar sometidos al régimen europeo de ayuda al Estado. Ese régimen, y el memorándum de rescate, obligaría a una recompra de las preferentes por su valor de mercado, lo que ahora supondría pérdidas de entre el 60% y el 80% para los titulares de esas preferentes.
El Gobierno y la Comisión negocian los detalles de la nueva norma y, de forma paralela, desde hace semanas, el cálculo concreto de las pérdidas que tendrán que asumir acreedores y accionistas de deuda subordinada.
