Portugal reprivatizó banco por 40 millones de euros tras sanearlo con 2.400
El nuevo propietario es el Banco Internacional de Crédito, de mayoría angoleña, que pagará casi una quinta parte del precio de 180 millones de euros, fijado inicialmente en el decreto-ley de reprivatización, en agosto de 2010.
El Gobierno portugués cerró la reprivatización del Banco Portugués de Negócios (BPN). La operación pone fin a una complicada y ruinosa operación financiera, que costó al Estado 2.400 millones de euros, el equivalente al 1,4% del PIB. El nuevo propietario es el Banco Internacional de Crédito (BIC), de mayoría angoleña. Pagará 40 millones de euros, casi una quinta parte del precio de 180 millones, fijado inicialmente en el decreto-ley de reprivatización, en agosto de 2010. La venta del BPN es una de las medidas del programa de austeridad acordado con la troika internacional a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros.
El precio podrá subir ligeramente si en los próximos cinco años el banco obtiene un resultado operacional superior a 60 millones de euros. En este caso, tendrá que pagar al Estado el 20% del excedente. La operación del BPN fue un dolor de cabeza constante para el Gobierno, que hasta el último día tuvo que inyectar dinero. Concretamente, 550 millones de euros de recapitalización antes de ejecutar la venta, más las indemnizaciones de una buena parte de la mitad de los 1.580 empleados que perderán el trabajo. Los nuevos dueños cerrarán el 30% de las 213 oficinas que tiene en todo el país.
La pesadilla del BPN empezó el 2 de noviembre de 2008, cuando el Gobierno del socialista José Sócrates anunció la nacionalización del banco, que presentaba un agujero de 700 millones de euros. La Caixa Geral de Depósitos, de titularidad pública, asumió la gestión. José Oliveira Costa, fundador del banco, fue procesado por siete delitos, entre ellos evasión fiscal, lavado de dinero, adquisición ilícita de acciones y falsificación de documentos. Otras 23 personas estaban en la lista de acusados. Mientras una comisión parlamentaria investigaba el monumental fraude, el Estado seguía inyectando dinero a un banco, cuyo valor está por los suelos.
