Sonami tras fallo de la Suprema: »La internalización no correspondía»
El presidente del organismo, Alfredo Ovalle, valoró la decisión del máximo tribunal de acoger el argumento de Codelco y las empresas mineras sobre no pasar a planta a cerca de 5 mil subcontratados.
El directorio de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) valoró que la Corte Suprema haya acogido los argumentos de las empresas del sector en contra de los dictámenes de la Dirección del Trabajo, que las obligaba a internalizar a casi 5 mil trabajadores subcontratados.
El presidente del organismo, Alfredo Ovalle, manifestó que "desde nuestra perspectiva el acto administrativo de la internalización no correspondía, por cuanto para la empresa significaba renunciar al derecho de seleccionar al personal más idóneo conforme sus competencias".
El directorio de la entidad que agrupa a los grandes empresarios mineros rechazó la violencia generada durante el conflicto de subcontratistas de Codelco que se prolongó durante 20 días, y que generó millonarias pérdidas a la empresa cuprífera estatal.
A través de su presidente, Sonami lamentó el nivel de violencia alcanzado durante esta huelga, y reiteró que "nada justifica" estas medidas para resolver las demandas laborales de los trabajadores, por legítimas que éstas sean.
"Creemos que en este conflicto, incluso, ha estado en cuestión el derecho de propiedad, por lo tanto esperamos que la autoridad de Gobierno garantice a futuro las condiciones de seguridad para el desempeño normal de las actividades productivas", señaló.
En su declaración, el empresario advirtió que a través de este conflicto se pretende generar en los hechos un cambio en la legislación laboral. "Resulta cuestionable que se pretenda promover un nuevo marco legal a través de la presión y la violencia", acotó.
El también presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) indicó que frente al bajo crecimiento que muestra la economía y el anuncio de algunas importantes empresas de trasladar sus inversiones a otros países, "es importante que la autoridad otorgue las señales respectivas de que el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad y el orden público constituyen prioridades dentro de su gestión de Gobierno".
Agencia UPI.
