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Directores y guionistas demandan a Anatel por violación a la propiedad intelectual

Tras múltiples intentos por llegar a un acuerdo con los canales de TV, creadores chilenos acudieron a la justicia para exigir que se respete el derecho de autor.

Directores y guionistas demandan a Anatel por violación a la propiedad intelectual

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia acogió a tramitación la demanda interpuesta por la Asociación de Directores y Guionistas Chilenos (DYGA) en contra de LA Asociación Nacional de Televisión (Anatel); su presidente, Pablo Vidal; y la Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramaturgos («ATN”) por excluir a los 226 socios de la organización, de la gestión de los derechos de autor e incurrir en conductas que atentan la libre competencia y la propiedad intelectual.

Desde 2018 que DYGA, representada por el presidente del consejo directivo, Vicente Sabatini, ha intentado acordar con Canal 13, Mega, CHV y TVN el pago de las remuneraciones adeudadas con motivo de la comunicación pública de diversas obras audiovisuales, según lo dispuesto en la Ley Ricardo Larraín (Ley N°20.959).

Sin embargo, a pesar de sostener reuniones con representantes de cada uno de los canales de televisión, los resultados han sido infructuosos.

«Superó todos los límites»

Este conflicto se vio acentuado durante octubre de 2022, cuando Anatel y ATN suscribieron un acuerdo que fue considerado por el consejo directivo de DYGA, como una “flagrante violación a la Ley de propiedad intelectual”, por facultar a ATN al cobro de los derechos de autor de todos los directores y guionistas del país.

Vicente Sabatini expuso que tanto las acciones de Anatel como de ATN han sido desvergonzadas e insólitas. “Nunca imaginamos que algo así podía suceder en el medio. Es cierto que veníamos con una lucha intensa por el reconocimiento de la Ley Larraín, pero este acuerdo firmado superó todos los límites y es una falta de respeto tremenda. Cuando en el consejo leíamos lo que significaba este documento, no lo podíamos creer, porque como asociación nos excluyeron totalmente del medio, como si la propiedad intelectual de todos nuestros socios no valiera”, dijo el director.

Es por esto que, ante este accionar y tras muchos intentos de diálogo con todos los involucrados, esta asociación a la que pertenecen reconocidos directores y guionistas como: Pablo Larraín, Manuela Martelli, Nicolás Acuña, Matías Bize, Bárbara Zemelman, entre otros; optó por acudir al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el fin de obtener el respeto y reconocimiento de la propiedad intelectual de sus socios y socias en el mercado de la televisión chilena.

La demanda

Si bien la demanda está principalmente dirigida contra Anatel, su presidente Pablo Vidal, y ATN, también están considerados en la acción legal Canal 13, TVN, Mega y CHV.

DYGA acusa a los canales de forma individual, y posteriormente, reunidos en Anatel, a negarse a pagar las tarifas respectivas que corresponden por la aplicación de lo dispuesto en la Ley Ricardo Larraín. No conforme con ello, se establece discriminación en contra de esta entidad por el acuerdo que permite que ATN cobre por la totalidad de las obras de directores y guionistas de Chile.

En efecto, se acusa que la organización pactó una tarifa incomprensiblemente baja en comparación con otras tarifas vigentes, por un periodo extenso de tiempo, lo que iría en un claro desmedro de sus asociados. Además, se difunde este acuerdo considerando a ATN como la única sociedad existente en el país que agrupa a directores y guionistas audiovisuales e invita públicamente a los autores a incorporarse a dicha asociación, obviamente en detrimento de DYGA y de sus asociados.

Para DYGA, existe una responsabilidad gravísima por parte del Presidente de ANATEL, por generar esta firma, excluyendo a 226 directores y guionistas del circuito, coordinando a los canales en la negociación y celebración del Acuerdo.

De este modo, las diversas conductas que han acaecido durante los últimos años, globalmente consideradas, constituyen una “flagrante violación a la Ley de propiedad intelectual y un atropello a las condiciones más elementales de la libre competencia”, según indicó Sabatini.

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