Presupuesto 2027: los recortes a programas de mujeres y las nuevas exigencias para garantizar derechos reproductivos
El proyecto contempla reducciones reales en programas como PRODEMU, Mujeres Jefas de Hogar y Mujer, Sexualidad, Maternidad y Corresponsabilidad. La comisión mixta, sin embargo, incorporó obligaciones de información sobre violencia de género, anticoncepción y aborto en tres causales.
Agencia Uno
La discusión del Presupuesto 2027 dejó una serie de cambios y señales para las políticas públicas destinadas a las mujeres, algo que era seguido de cerca por organizaciones feministas, legisladoras y expertas.
Aunque la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobó la partida del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, el proyecto presentado por el Ejecutivo contempla reducciones reales en distintos programas de autonomía económica, participación y derechos sexuales y reproductivos.
En la revisión de las cifras presentadas y de las indicaciones aprobadas durante la tramitación, es posible identificar tres áreas de preocupación: la continuidad de programas destinados a mujeres, el financiamiento de políticas de derechos sexuales y reproductivos, y las obligaciones de fiscalización sobre la atención de la violencia de género.
Reducciones en programas de autonomía económica
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La mayor disminución presupuestaria se registra en Prodemu, pero también en los programas Mujeres Jefas de Hogar, con una caída de 9,6% ($568 millones), y en el Programa 4 a 7, destinado a facilitar la participación laboral de mujeres mediante el cuidado de niños y niñas después de la jornada escolar, que registra una reducción de 4,8% ($410 millones).
En tanto, los gastos en personal del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género disminuyen 1,3%, equivalente a unos $252 millones. A estas variaciones se suma la desaparición de dos líneas presupuestarias: Mujer, Participación Política y Social, que tenía recursos por aproximadamente $508 millones, y Mujer Emprende, con cerca de $288 millones.
Sin embargo, durante el debate de la comisión mixta se incorporaron obligaciones para que el SernamEG informe cómo dará continuidad a las funciones de ambos programas.
En el caso de Mujer Emprende, el servicio deberá precisar qué instrumentos financiados a través de Sercotec permitirán mantener la atención de sus beneficiarias.
Para Mujer, Participación Política y Social, deberá informar qué acciones, cobertura y recursos permitirán continuar desarrollando las funciones que cumplía la iniciativa.
La situación de Prodemu también quedó bajo seguimiento parlamentario. Una de las indicaciones aprobadas exige informar sobre el plan de continuidad de atención de sus usuarias, los cupos que se mantendrán, las instituciones responsables y los recursos disponibles para financiar esas prestaciones.
Derechos sexuales y reproductivos: reducción de recursos y cambio de denominación
Uno de los puntos que concentró atención durante la discusión fue el programa que en el proyecto 2027 aparece bajo el nombre de Mujer, Sexualidad, Maternidad y Corresponsabilidad.
La asignación contempla $990,9 millones y registra una disminución real de 6%, equivalente a unos $63 millones respecto de la base presupuestaria comparable de la Dirección de Presupuestos.
La nueva denominación y el alcance de la iniciativa motivaron indicaciones parlamentarias para exigir mayores antecedentes sobre su funcionamiento. En particular, una disposición aprobada establece que el SernamEG deberá informar a las comisiones de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y el Senado sobre el contenido del programa, su diseño técnico, objetivos, cobertura y la forma en que aborda los derechos sexuales y reproductivos.
Aborto en tres causales: seguimiento a la objeción de conciencia
En la partida del Ministerio de Salud también se aprobaron indicaciones relacionadas con la aplicación de la Ley 21.030, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
Las disposiciones incorporadas establecen nuevas obligaciones de información sobre el ejercicio de la objeción de conciencia en los establecimientos de salud. El Ministerio deberá informar, entre otros antecedentes, la cantidad de profesionales que han manifestado objeción de conciencia, las medidas adoptadas para asegurar la realización oportuna de las prestaciones, los tiempos de espera y las derivaciones efectuadas.
Otra indicación establece que se deberá reportar el cumplimiento del reglamento sobre objeción de conciencia, identificando a los profesionales objetores por establecimiento, los protocolos de derivación, los casos en que una prestación no se realizó o se efectuó fuera de plazo y las medidas para garantizar la disponibilidad de personal no objetor.
También se incorporó la obligación de informar sobre los recursos asignados y ejecutados para garantizar una atención humanizada durante el embarazo, parto y posparto, las prestaciones relacionadas con el aborto en las causales legales y el acceso al programa de acompañamiento contemplado en la Ley 21.030.
Anticoncepción de emergencia: prohibición de requisitos adicionales
Otro de los resultados de la discusión presupuestaria fue la aprobación de indicaciones destinadas a evitar barreras administrativas en la entrega de anticonceptivos hormonales de emergencia.
Las disposiciones establecen que los establecimientos de salud no podrán imponer requisitos adicionales a los contemplados en la Ley 20.418 para entregar estos métodos anticonceptivos.
Además, el Ministerio de Salud deberá informar semestralmente sobre la disponibilidad de métodos anticonceptivos, incluyendo los hormonales de emergencia y los de larga duración.
Los reportes deberán identificar eventuales quiebres de stock, su duración y las medidas adoptadas para resolverlos, con información desagregada por Servicio de Salud y comuna.
Violencia de género: aumentos presupuestarios y nuevas obligaciones
En materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres, las principales líneas presupuestarias registran pequeños incrementos reales.
El programa de Atención Inicial de las Violencias de Género contempla un aumento de 0,4%, equivalente a unos $51 millones, mientras que Prevención de las Violencias de Género registra un alza de 0,8%, cercana a $21 millones.
Durante la tramitación también se aprobaron indicaciones para fortalecer la fiscalización sobre la implementación de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
El Ministerio de la Mujer y el SernamEG deberán informar semestralmente sobre la ejecución y evaluación de sus programas, sus metas, indicadores de resultados, cobertura territorial y ejecución presupuestaria, además de dar cuenta del cumplimiento de estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, considerando compromisos establecidos en la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Agenda 2030.
En paralelo, el Ministerio de Salud deberá reportar sobre las obligaciones de atención contempladas en la Ley 21.675, incluyendo las prestaciones durante el embarazo, parto y posparto, y la atención de las mujeres que requieren una interrupción del embarazo dentro de las causales legales.
La discusión ahora continuará en las salas de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado, donde el proyecto deberá completar su tramitación legislativa.
