Rabat contra las cuerdas: revelan que el ministro rechazó al menos nueve rebajas de condenas y la Suprema lo respaldó
Nuevos antecedentes revelan que el máximo tribunal apoyó al ministro de Justicia al negar beneficios a agresores sexuales, desmintiendo su versión oficial.
Ministro de justicia, Fernando Rabat
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta un nuevo flanco tras revelarse que la Corte Suprema falló a su favor en al menos seis ocasiones cuando su cartera rechazó otorgar rebajas de condenas a agresores sexuales.
Una publicación de Ciper Chile muestra que los documentos judiciales evidencian que, entre marzo y junio, el máximo tribunal respaldó la decisión inicial del secretario de Estado de negar estos beneficios. Esta información contradice la defensa que el titular expuso la semana pasada ante la Cámara de Diputados, donde justificó las liberaciones anticipadas argumentando que la justicia lo obligaba.
Durante su comparecencia en el Congreso, la autoridad omitió estos dictámenes favorables y responsabilizó a las comisiones de reducción de condena. “Hacerlo de otra manera, exigirle a un ministro de Estado que lo califique, importa infringir la Constitución”, aseguró en la instancia, intentando desligarse de la autorización final de los decretos.
Los fallos del máximo tribunal y el cambio de criterio
La postura inicial del ministerio se amparaba en que la restricción del beneficio para pederastas, vigente desde febrero de 2022, era de carácter administrativo y no penal. Bajo esta lógica jurídica, no aplicaba el principio de irretroactividad, argumento que fue validado por la Segunda Sala de la Corte Suprema al rechazar los recursos de amparo de los reos.
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Sin embargo, a partir de la segunda quincena de junio, la autoridad experimentó un brusco viraje y comenzó a visar todas las solicitudes que llegaron a su escritorio. El argumento oficial para este cambio apuntó a una supuesta interpretación reiterada de los tribunales que le impedía rechazar los requerimientos, optando por no litigar estas causas.
De hecho, las secretarías regionales ministeriales (Seremi) de Justicia del Biobío y la Región Metropolitana emitieron oficios advirtiendo que varios postulantes no cumplían con los requisitos de la ley. Pese a estas notificaciones formales de los equipos técnicos, la cartera continuó tramitando los recortes de penas para condenados por abusos a menores de edad.
Actualmente, el escenario del ministro se agrava tanto en el ámbito político como judicial. Mientras la oposición afina los detalles para presentar una acusación constitucional en su contra, el Ministerio Público mantiene una investigación penal abierta por el delito de prevaricación, indagatoria donde la autoridad ya figura en calidad de imputado.