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Presupuesto 2027: La Moneda propone cambios a norma de datos personales y tensiona el primer día de la Comisión Mixta

La glosa, aprobada en una de 26 partidas del proyecto de ley, generó una reserva de constitucionalidad de la oposición. Ahora el problema es cómo formalizar el cambio normativo.

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UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

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No sólo por recursos, partidas y rechazos. El Presupuesto 2027 mantiene enfrentado al Congreso con La Moneda por una disposición transversal incorporada en más de la mitad del proyecto de finanzas, y que permite el tratamiento, intercambio y cruce de datos personales entre organismos del Estado.

La norma generó reparos tanto en oficialismo como oposición, que acusa que la redacción original entrega facultades demasiado amplias al Ejecutivo para acceder a información de los ciudadanos, sin establecer con suficiente claridad los límites y resguardos para su utilización.

El conflicto escaló luego de que parlamentarios formalizaran una reserva de constitucionalidad tras la aprobación de la glosa en la Partida 01, correspondiente a la Presidencia de la República. La advertencia abrió la posibilidad de que la disposición termine siendo impugnada ante el Tribunal Constitucional.

Los cuestionamientos a la glosa

El objetivo de la disposición impulsada por el Ejecutivo es facilitar el intercambio de información entre instituciones públicas, principalmente para evaluar programas estatales, verificar el cumplimiento de requisitos y mejorar la focalización de beneficios y subsidios sociales.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron que la redacción original no delimitara suficientemente los propósitos para los cuales podrían utilizarse esos antecedentes, ni las condiciones bajo las cuales los distintos servicios podrían solicitar y compartir información.

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El principal reparo apunta a una eventual vulneración del artículo 19 número 4 de la Constitución, que garantiza el respeto y protección de la vida privada y los datos personales, además de las exigencias establecidas en la legislación vigente sobre esta materia.

En ese contexto, los parlamentarios advirtieron que una autorización de estas características podría abrir la puerta a un intercambio indiscriminado de información personal y sensible entre organismos públicos.

La propuesta del Gobierno para destrabar el conflicto

Sin embargo, para enfrentar el riesgo de que la controversia termine ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno anunció uan nueva fórmula para acotar el alcance de la glosa.

La propuesta establece que el tratamiento y cruce de información debe tener una finalidad específica: verificar los requisitos para acceder a determinados beneficios sociales y fiscalizar su correcta asignación. De esta manera, se busca impedir que los antecedentes recopilados puedan utilizarse para otros objetivos institucionales.

Además, la nueva redacción refuerza la obligación de cumplir con la normativa vigente sobre protección de la vida privada, incorporando mecanismos de “anonimización” o “seudonimización” cuando la información sea utilizada para análisis estadísticos.

También se busca establecer mayores exigencias para el intercambio de antecedentes entre servicios públicos, incluyendo justificaciones técnicas y convenios formales que permitan garantizar condiciones de ciberseguridad y protección de la información.

El problema ahora es cómo y cuándo se votará

Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo no fue ingresada dentro del plazo establecido para presentar indicaciones en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por lo mismo, el Gobierno necesita la unanimidad de sus integrantes para que la nueva redacción pueda ser incorporada y discutida formalmente en esa instancia, algo que legisladores como Yasna Provoste (DC) manifestó que no entregaría.

Con esto, La Moneda deberá esperar la siguiente etapa de la tramitación presupuestaria para presentar el cambio mediante una indicación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, a ocurrir durante la próxima semana y mantendría abierta, al menos por ahora, la controversia constitucional sobre una de las disposiciones transversales del Presupuesto 2027.

 

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