Revelan que subsecretario Silva concedió beneficio a condenado por abuso antes de que se resolviera su recurso de amparo
El beneficio fue firmado por Luis Silva, entonces ministro subrogante de Justicia, mientras la Corte de Apelaciones de Valparaíso aún tramitaba el recurso presentado por el condenado.
Agencia Uno
Un nuevo antecedente vuelve a tensionar al Ministerio de Justicia en medio de la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.
Esta vez, un condenado por abuso sexual obtuvo el beneficio mientras todavía se encontraba en trámite un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El caso corresponde a José Jaime Silva Olivares, condenado en 2021 a cinco años y un día de prisión por un delito de abuso sexual. El hombre cumplía su condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Limache y, según los antecedentes del caso, inicialmente debía recuperar su libertad en octubre de 2026. Sin embargo, la comisión encargada de las rebajas había establecido previamente una reducción por “conducta sobresaliente”.
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Según reveló Reportajes Teletrece, Silva Olivares presentó un recurso de amparo el 15 de junio de 2026. La Corte de Apelaciones de Valparaíso dio curso a la acción y solicitó antecedentes a Gendarmería y al Ministerio de Justicia para resolverla.
La situación cambió nueve días después. El 24 de junio, Luis Silva, quien ejercía como ministro subrogante, firmó el decreto que materializó la rebaja de condena. Desde Justicia explicaron al tribunal que la decisión buscaba evitar una “judicialización innecesaria de materias ya resueltas”.
De esta manera, la salida del condenado se concretó antes de que la Corte terminara de resolver el recurso presentado por él. Finalmente, su abogado desistió del amparo el 30 de junio, tres días después de la firma del decreto, y los magistrados tuvieron por terminado el procedimiento.
El episodio se suma a la discusión por las 56 rebajas de condena concedidas durante 2026 a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. El Ministerio de Justicia ha defendido el cambio de criterio apelando a la interpretación de la normativa y a decisiones judiciales previas, aunque existen fallos de la Corte Suprema que muestran que la jurisprudencia no ha sido completamente uniforme.