“Orden administrativa”: ministro de Justicia aborda rebajas de pena a 56 condenados por delitos sexuales contra menores
Fernando Rabat sostuvo que las decisiones responden a criterios establecidos por la Corte Suprema.
Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos / Oscar Guerra
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió las 56 rebajas de condena otorgadas durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, argumentando que las resoluciones responden a criterios establecidos previamente por la Corte Suprema.
“Lo que hizo el ministerio (...) fue establecer la doctrina que la propia Corte Suprema estableció por la vía de dichos recursos. Nada más que eso. Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema”, afirmó el secretario de Estado al ser consultado por las decisiones.
FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO / Oscar Guerra
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Según los antecedentes publicados por Interferencia, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, la cartera dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena, 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. En ese período, solo una solicitud fue rechazada.
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Rabat explicó que en 2022 se modificó la legislación para excluir de este beneficio a quienes cometen delitos sexuales contra menores. Sin embargo, sostuvo que, antes de la entrada en vigencia de esa norma, la Corte Suprema había acogido recursos de amparo de personas que solicitaban las rebajas.
Durante el intercambio, se le planteó al ministro que las 56 decisiones no habrían sido precedidas por recursos judiciales individuales, sino que fueron resueltas directamente por el Gobierno. Ante ello, insistió en que el ministerio debía seguir la doctrina fijada por el máximo tribunal.
Consultado sobre por qué no se informó públicamente de manera más transparente, Rabat respondió que los actos administrativos son públicos.
Hasta ahora, no se ha precisado cuántas de las condenas rebajadas corresponden a delitos cometidos antes de la modificación legal de 2022 ni cuál fue el fundamento específico aplicado en cada caso.
