Senadores ingresan una nueva reforma constitucional en seguridad que modifica el estado de excepción de emergencia
Los parlamentarios Squella, Araya, Longton, Bianchi y Flores presentaron el proyecto que reemplazará a la agenda retirada por La Moneda.
Un grupo transversal de senadores compuesto por Arturo Squella (republicanos), Pedro Araya (PPD), Arturo Longton (RN), Karim Bianchi (IND) e Iván Flores (DC) presentaron una nueva reforma constitucional que busca dotar al Estado de herramientas más eficaces para enfrentar el crimen organizado. Esto, luego de que la Moneda decidiera retirar su agenda anunciada en cadena nacional el pasado 5 de agosto por el Presidente Kast.
La iniciativa, construida tras rondas de diálogo con las autoridades del Gobierno, propone asimilar este flagelo delictual al terrorismo en la Constitución, declarando su actuar como contrario a los derechos humanos.
Según expresaron los parlamentarios, el proyecto surgió como “una respuesta directa a la creciente angustia de la ciudadanía frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país”. El diagnóstico de los legisladores advierte que, en sus expresiones más graves, estas agrupaciones dejaron de limitarse a la comisión de delitos menores para pasar a extorsionar comerciantes, corromper funcionarios públicos y controlar territorios desde las propias cárceles.
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Para cortar las redes operativas desde el encierro, el texto consagra la facultad de aplicar regímenes penitenciarios especiales para personas condenadas o en prisión preventiva. Esta medida de segregación busca inhabilitar las comunicaciones y restringir las visitas, impidiendo que los delincuentes de alta peligrosidad sigan ejerciendo como líderes de sus respectivas agrupaciones criminales detrás de las rejas.
El nuevo estado de emergencia y el combate al crimen organizado
En materia de orden público, la propuesta legislativa no crea una figura inédita, sino que “moderniza y refuerza” el actual estado de emergencia. A diferencia de la normativa vigente, que exige un daño materializado a la seguridad, la reforma habilitará al Presidente de la República para decretar esta medida excepcional ante un riesgo grave e inminente de actuación del crimen organizado.
Con el propósito de resguardar el control democrático e incorporar informes de inteligencia, el Ejecutivo podrá instaurar este estado de excepción por un plazo máximo de 30 días. Superado ese período, el Congreso Nacional deberá autorizar cualquier prórroga, mientras que La Moneda quedará obligada a entregar balances quincenales sobre los resultados tácticos de los despliegues preventivos.
Durante la presentación del documento, los parlamentarios autores enfatizaron el carácter práctico y despolitizado del articulado impulsado de manera conjunta. “Mirando cómo asesinan a carabineros no me voy a quedar. En la opinión no voy a estar, voy a estar en la acción”, argumentó uno de los legisladores, recalcando que el crimen organizado es una amenaza internacional que opera en todo el territorio.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
