Golpe al Tren de Aragua: condenan a dos miembros que controlaban el comercio sexual en plazas de Santiago
Dos integrantes del Tren de Aragua fueron condenados a 30 y 10 años de cárcel por trata de personas, secuestro y otros delitos.
Agencia Uno | Referencial / Oscar Guerra
Dos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua fueron condenados en Iquique a penas de 30 y 10 años de cárcel por delitos de trata de personas, secuestro y otros ilícitos relacionados con la explotación sexual de mujeres en Santiago.
La investigación fue desarrollada por el Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía de Tarapacá junto a la PDI y permitió acreditar que ambos acusados formaban parte de una asociación criminal que, entre 2021 y 2022, ejerció control territorial sobre el comercio sexual en cuatro plazas del sector céntrico de la capital.
De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, las víctimas eran trasladadas desde otros países hasta Chile para ejercer el comercio sexual en la vía pública. Los lugares identificados fueron las plazas Cruz Verde, Bustamante, Morandé y Plaza de Armas.
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Los integrantes de la organización imponían multas y cobros semanales a las mujeres bajo amenazas de muerte y utilizando armas de fuego. El fiscal del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Tarapacá, cuya identidad se mantiene en reserva, explicó el mecanismo utilizado por el grupo.
“Lo que hacían eran traer mujeres desde Venezuela engañadas y posicionarlas en diversas plazas de la Región Metropolitana. Les cobraban multa, y en el evento que no pagasen el dinero a la organización, los miembros lo que hacían eran secuestrarlas, dispararle o incluso matarlas”, señaló el persecutor.
Uno de los condenados es Luis Peraza, conocido como “Burrito”, quien cumplía funciones como jefe de plaza y determinaba los lugares donde las mujeres debían ejercer el comercio sexual. En tanto, Yondry Martínez integraba el grupo encargado de ejecutar acciones violentas de amedrentamiento contra quienes no cumplían las órdenes de la organización.
Las condenas corresponden a 30 y 10 años de cárcel, respectivamente, luego de que el tribunal diera por acreditada la participación de ambos ciudadanos venezolanos en la estructura criminal y en los delitos investigados.
