Entra en vigencia ley que impide que condenados por VIF o femicidio cobren la pensón de sobrevivecia de sus víctimas
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, confirmó que el Ejecutivo analiza mecanismos para buscar que la prohibición también alcance de forma retroactiva a condenados previos a la normativa.
Judith Marín / Oscar Guerra
La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, destacó la implementación de la ley que establece que ninguna persona condenada como responsable de agresiones graves podrá acceder a la pensión de sobrevivencia generada por su víctima. La secretaria de Estado calificó como una situación inadmisible el hecho de que agresores continuaran percibiendo fondos derivados del fallecimiento de quienes sufrieron sus delitos, subrayando que la labor gubernamental se centra en “hacernos cargo y frenar esta injusticia”.
La normativa estipula la pérdida del derecho a la pensión de sobrevivencia ante sentencias condenatorias por ilícitos de extrema gravedad, tales como femicidio, homicidio, parricidio y maltrato habitual en contexto de violencia intrafamiliar. Desde el Ejecutivo se precisó que la inhabilitación se mantiene operativa incluso si la persona afectada fallece años más tarde a causa de una enfermedad u otro motivo no vinculado de forma directa a la agresión previa, impidiendo categóricamente el traspaso del beneficio previsional al responsable penal.
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El mecanismo administrativo contempla un plazo perentorio de tres días posteriores a la sentencia ejecutoriada para que el respectivo tribunal notifique a la Superintendencia de Pensiones sobre la condena firme. Una vez recepcionada la resolución judicial, el organismo regulador tiene el deber de trasladar la instrucción a la AFP correspondiente con el fin de activar la prohibición inmediata del pago.
Frente a la inquietud ciudadana sobre agresores con condenas previas que actualmente reciben este beneficio, la ministra reconoció que, al no tener carácter retroactivo el texto original, este tipo de normativas entra en vigor tras su promulgación hacia adelante. No obstante, Marín enfatizó que el Gobierno se encuentra evaluando un mecanismo para hacer efectiva la prohibición de manera retroactiva, buscando reparar las limitaciones originadas en legislaciones pasadas.
Junto con anunciar que se presentará un informe consolidado sobre los casos de femicidios y la respuesta estatal, la autoridad ministerial recalcó que se estudian ajustes dentro de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Dichas modificaciones buscan perfeccionar las sanciones institucionales y garantizar un estándar pleno de justicia para las víctimas y sus familias.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
