Ángel Valencia toma distancia del modelo Bukele y propone régimen italiano para líderes del crimen organizado

El fiscal nacional, Ángel Valencia, aseguró que el ordenamiento jurídico chileno todavía requiere modificaciones para enfrentar al crimen organizado y reiteró la necesidad de establecer un régimen penitenciario especial para los líderes de estas estructuras.

En conversación con ADN Hoy, la autoridad abordó los mecanismos disponibles para perseguir a organizaciones como el Tren de Aragua y las dificultades surgidas en torno a los traslados de imputados desde recintos de alta seguridad.

“Nosotros hemos planteado en más de alguna cuenta pública que se requiere perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico; que todavía hay aspectos importantes de mejora o que requieren reglas nuevas o normas nuevas”, afirmó.

“Voy a poner un ejemplo muy concreto: la existencia de un régimen penitenciario especial para los líderes del narcotráfico y los líderes del crimen organizado (...) hemos insistido, en las oportunidades que la ley nos da, en la necesidad de que exista un régimen especial más detallado y más preciso”, agregó.

¿Una reforma legal o constitucional?

Consultado sobre la posibilidad de establecer los regímenes diferenciados en la Constitución, Valencia sostuvo que el mecanismo deberá ser discutido por el Congreso.

“Esa es una discusión que tiene que darse en el Congreso: si lo más apropiado, desde la técnica legislativa, podría alguien decir, es que esto es bueno y es preferible establecer en la Constitución la posibilidad de que exista un régimen penitenciario especial, o si basta con la ley”, explicó.

El fiscal nacional afirmó que “la ley permite un régimen especial. Pero ustedes acaban de ver el problema que tuvimos con los miembros de Los Gallegos, exactamente, con estos imputados que fueron trasladados desde un recinto de alta seguridad nuevamente de regreso al establecimiento penitenciario en que se encontraban”, señaló.

Al volver a ser requerido sobre la necesidad de una reforma constitucional, indicó que “una ley que regule de manera mucho más precisa y más detallada este régimen especial contribuiría significativamente a que resoluciones de esa naturaleza uno no las enfrente o no las arriesgue de la forma en que ocurre hoy día”.

Respecto de si personas vinculadas al crimen organizado, pero que todavía no han sido condenadas, deben cumplir la prisión preventiva en recintos diferenciados, Valencia destacó las atribuciones y la preparación técnica de Gendarmería.

“Sí, claro. El sistema penitenciario, la forma como se organiza el sistema penitenciario, es una ciencia. Aquí, perdonen mis obsesiones, pero los italianos siempre insisten en que hay una ciencia penitenciaria”, manifestó.

“En consecuencia, respeto mucho —y no cabe que haga otra cosa que eso— las atribuciones de Gendarmería, la capacidad de Gendarmería y la formación especializada de Gendarmería para decidir dónde debe permanecer una persona respecto de la cual un tribunal ha ordenado que debe estar privada de libertad”, añadió.

“Ya sea preventivamente o en situación de condenada. Pero las condiciones de clasificación y los motivos de seguridad, tanto para esa persona como para los demás presos que se encuentran privados de libertad, o los motivos para evitar que esa persona siga delinquiendo desde el interior de la cárcel, son comunes o están vigentes tanto respecto de quienes están en prisión preventiva como de quienes están condenados”, complementó.

El modelo italiano y el riesgo para los derechos humanos

Frente a las comparaciones con el Cecot de El Salvador, Valencia marcó distancia y señaló que la Fiscalía Nacional ha planteado como referencia el régimen penitenciario italiano.

“Tengo pleno respeto. No cabe otra cosa que respetar las decisiones que cada país latinoamericano toma dentro del marco de su legislación y, ciertamente, dentro del marco interamericano de derechos humanos que tenemos en común”, expresó.

“Pero nosotros siempre hemos invocado como un ejemplo a seguir, en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, el régimen italiano. Porque nos parece que, desde el punto de vista de las garantías democráticas y de las garantías judiciales propias de todo Estado de derecho democrático, es un modelo que uno puede seguir de manera más confiable”, explicó.

“Esto porque ha estado sujeto durante años, durante décadas, al control del sistema europeo de derechos humanos, que es un sistema que normalmente suele tenerse como referencia por el sistema interamericano”, añadió.

Consultado sobre el riesgo de que un régimen más estricto vulnere garantías fundamentales, el fiscal nacional reconoció que esa posibilidad está presente.

“Siempre existe ese riesgo. Por eso está el Tribunal Constitucional, por eso están las cortes. Lamentablemente, siempre está la tentación de pasarse del límite”, advirtió.

“Pero nosotros citamos como ejemplo, como referente, las buenas prácticas y las prácticas eficaces. Y aquí ruego que se entienda el sentido con que hacemos estas propuestas: porque han mostrado ser eficaces para el combate y el desbaratamiento de la delincuencia organizada”, agregó.

“Son buenas prácticas que han sido implementadas en contextos en los cuales existe un control muy exigente de la vigencia de las garantías fundamentales y de los derechos humanos, y que en ese contexto han mostrado ser eficaces”, sostuvo.

Fiscalía Centro Norte analizará denuncia por Cerimedo

Durante la entrevista, el fiscal nacional también confirmó que el Ministerio Público recibió la denuncia relacionada con Fernando Cerimedo, consultor argentino señalado como líder de una presunta red de bots y desinformación.

“Nosotros recibimos esa denuncia. Esa denuncia califica los hechos que describe, que son los que usted menciona, como un conjunto de delitos de naturaleza informática. Tienen que ver con la interceptación de datos o algo de esa naturaleza”, explicó.

“Pero lo que nos corresponde como Fiscalía Nacional, habiéndola recibido, es remitir los antecedentes a una fiscalía regional, para que esa fiscalía regional, en el marco de sus atribuciones, decida si los hechos que se denuncian son constitutivos de delito o ameritan que se abra una investigación”, precisó.

Valencia anunció que los antecedentes serían enviados durante esta jornada a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, organismo que deberá determinar si corresponde iniciar una indagatoria.

“Hoy recibimos esos antecedentes y los vamos a remitir durante el día a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, para que, en el marco de sus atribuciones, decida, en principio, si esos hechos son, por su simple lectura, no constitutivos de delito o si procede abrir una investigación”, detalló.

“Hay que recordar que, en el caso de la señora Matthei, quien hizo una denuncia similar, la Fiscalía de Valparaíso ya abrió una investigación. Ya hay un precedente. Pero es a la Fiscalía Centro Norte a la que le corresponde tomar esa decisión ahora”, cerró.