“Limita los derechos, no de los criminales”: Kaiser arremete contra nuevo Estado de Excepción propuesto por el Gobierno

El Ejecutivo ingresó recientemente al Congreso una propuesta legal para establecer un inédito Estado de Excepción de Seguridad Pública. Esta iniciativa busca dotar a la presidencia de nuevas herramientas normativas, pero rápidamente generó fuertes críticas desde el Partido Nacional Libertario, cuyo líder expresó su rotunda preocupación a través de sus redes sociales.

La reforma plantea la incorporación del artículo 42 bis, instaurando un régimen que tendría una duración inicial de 120 días. El texto estipula que el mandatario de turno podrá prorrogar esta medida por un periodo idéntico sin consultar previamente al Parlamento. Sin embargo, cualquier extensión sucesiva requerirá obligatoriamente el acuerdo del Congreso Nacional, mientras que el territorio afectado quedará bajo el mando de un Oficial General de Carabineros.

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Bajo esta declaración de emergencia institucional, la autoridad tendrá la facultad explícita de limitar o suspender derechos fundamentales. Entre las garantías constitucionales que se verían afectadas destacan la libertad de locomoción, reunión y asociación. Asimismo, se autoriza la intervención en la privacidad de comunicaciones y documentos, junto con la posibilidad de ejecutar requisiciones de bienes privados para uso temporal del Estado.

Cuestionamientos a la restricción de derechos

Frente a este escenario legislativo, Johannes Kaiser manifestó su profundo rechazo a la iniciativa gubernamental. “Los Nacional-Libertarios somos muy críticos y cautelosos frente a cualquier decisión política que signifique una amenaza para los derechos constitucionales de los ciudadanos”, argumentó el dirigente, advirtiendo categóricamente que este tipo de medidas “limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos”.

El político enfatizó que gobernar bajo un régimen permanente de emergencia no debe ser jamás una política de Estado, aludiendo a la situación que hoy ocurre en la macrozona sur. Finalmente, cuestionó con dureza que el nuevo estado pueda prolongarse por hasta ocho meses con restricciones extremadamente invasivas y sin consentimiento legislativo. “En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”, sentenció.