Amnistía Internacional responde a diputada Rodríguez tras duro cruce por víctimas del estallido: “Pedimos reparación integral”
El director ejecutivo de la organización, Rodrigo Bustos Bottai, respondió a los cuestionamientos de la diputada republicana, quien criticó la postura de Amnistía Internacional sobre la reparación a víctimas del estallido. “No es limosna. Es un deber del Estado”, sostuvo el abogado.
Un cruce en redes sociales entre la diputada republicana Javiera Rodríguez, conocida como “Capitana Rodríguez”, y Amnistía Internacional Chile terminó con una respuesta directa de Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de la organización.
La controversia comenzó luego de que la parlamentaria publicara un mensaje en el que cuestionó que quienes discrepan de sus planteamientos recurran a descalificaciones. En ese contexto, Bustos Bottai respondió que el problema no era su opinión, sino que, a su juicio, la diputada estaba faltando a la verdad.
La respuesta del director ejecutivo provocó una nueva réplica de Rodríguez, quien cuestionó públicamente la postura de Amnistía Internacional Chile respecto de las víctimas del denominado estallido social y las políticas de reparación impulsadas por el Estado.
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“Director ejecutivo de Amnistía Chile, quien pide ampliar el término de prescripción del delito de apremios ilegítimos, e impulsar una ‘política de reparación integral’ a los delincuentes del estallido. A no olvidar quienes opinan en estos términos y qué buscan”, sostuvo la diputada republicana.
Ante estas declaraciones, Bustos Bottai volvió a responder a través de redes sociales y apuntó directamente a la diferencia entre reparar a víctimas de violaciones a los derechos humanos y entregar beneficios a quienes hayan cometido delitos.
“Así es, diputada. Pedimos reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos. No es limosna. Es un deber del Estado porque sus agentes cometieron actos brutales contra personas de carne y hueso”, afirmó.
El abogado agregó como ejemplo la situación de cuatro personas que, según Amnistía Internacional Chile, fueron víctimas de violencia sexual cometida al interior de comisarías durante el periodo de movilizaciones sociales.
El intercambio se produjo en medio de las diferencias políticas respecto del tratamiento de las consecuencias del estallido social, particularmente en torno a las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, las medidas de reparación y la situación de personas condenadas por delitos cometidos durante las manifestaciones.
La discusión entre ambos representantes quedó instalada públicamente luego de las sucesivas respuestas en redes sociales, con posiciones contrapuestas respecto de qué personas deben ser consideradas víctimas y cuál debe ser el rol del Estado frente a las vulneraciones de derechos ocurridas durante ese periodo.