Arrau responde a ministra Chomali tras críticas a reforma en seguridad: “Desconoce el proyecto”
La titular de Salud advirtió que la propuesta para limitar beneficios a condenados choca directamente con normativas como la Ley de Urgencia médica.
Agencia Uno
El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una tensión interna debido a las discrepancias públicas en torno a la agenda ACOT. El foco del debate es un borrador de reforma constitucional de seguridad que busca inhabilitar el acceso a prestaciones financiadas por el Estado para aquellas personas que resulten condenadas por delitos de alta gravedad, como el crimen organizado y terrorismo.
Frente a las dudas surgidas desde la cartera de Salud, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, aseguró en Radio Infinita que su par no maneja los detalles precisos del texto. En esa línea, el secretario de Estado argumentó: “la ministra Chomali desconoce el proyecto constitucional, es un proyecto que todavía no ha sido público. Yo creo que ha estado opinando de una cosa que quizás no estaba tan al tanto”.
Debate sobre las limitaciones estatales
La propuesta normativa establece que la pérdida de beneficios sociales, de educación y de salud se mantendría durante el cumplimiento de la condena y por un plazo de 15 años posteriores. Para defender esta estricta medida, Arrau ejemplificó que los fondos provienen del pago de impuestos ciudadanos y sostuvo: “creemos que no podemos quitarle a todos los chilenos sus impuestos y que lo dediquemos a financiarle beneficios sociales a personas condenadas por crimen organizado y terrorismo. Estamos hablando de ese tipo de condenado”.
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Esta controversia se originó a raíz de las declaraciones previas de la ministra de Salud, May Chomali, quien en una entrevista con CNN Chile mostró profunda cautela frente a la restricción de derechos constitucionales. Al ser consultada sobre el impacto directo de la iniciativa en su sector, la autoridad señaló: “para mí es difícil hacerme cargo un borrador (...) pero si efectivamente eso es lo que dice, eso puede ser un poco incompatible”.
La principal preocupación de la titular de Salud radica en los posibles choques jurídicos con normativas sanitarias ya consolidadas, destacando específicamente los mandatos de la Ley de Urgencia. Esta legislación obliga a los recintos médicos a brindar atención incondicional frente a situaciones de riesgo vital, independientemente de la condición del paciente, lo que la llevó a reiterar: “Vuelvo a insistir, es un borrador, pero se podría ahí interponer con el tema de algunos mandatos que nosotros tenemos”.